El Ministerio de Salud presentó su informe sobre la situación del coronavirus en el país. La institución reconoció 349 nuevos casos en una semana, con lo cual la cifra de pacientes confirmados superó los 2,500. Mientras, en ese mismo periodo solo registraron de forma oficial nueve fallecidos por el virus, incrementando a 83 la cantidad de decesos. Esos números contrastan con los del Observatorio Ciudadano COVID-19 que eleva la cifra de muertos en la nación a casi los 2,000.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) señaló que esa entidad aún desconoce cuántas pruebas de COVID-19 ha realizado el Gobierno de Nicaragua, lo que deja en evidencia que el régimen está tratando con secretismo los datos sobre la pandemia. La dictadura recibió una donación de 26 mil pruebas para detectar el virus, pero a la fecha no da cuentas sobre esos test.
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La Arquidiócesis de Managua emitió un comunicado donde reprochan los despidos de los médicos en Nicaragua y destacan que mientras en otras partes del mundo el personal de Salud es aplaudido, en este país les pasan factura por demandar protección necesaria e informar la verdad.
Asimismo, la Iglesia menciona que la nación vive una tragedia con “decenas de ataúdes circulando”, “entierros exprés en medio de la noche” y el dolor por no poder estar cerca ni poder despedirse de quienes son víctimas de la pandemia. Los religiosos demandaron la urgencia de líderes que sientan el dolor de la gente y que no antepongan sus propios intereses.
Rosario Murillo, en su intervención en los medios oficialistas, se lavó las manos y declaró que las autoridades de régimen deben exigir a los nicaragüenses que quieran retornar al país que cumplan con los protocolos sanitarios por el COVID-19. Murillo dijo que se permitió la entrada de 135 ciudadanos que estaban en cruceros a quienes se les pidió mantenerse en cuarentena y traer pruebas que demuestren que no tienen el virus, mientras en el país la dictadura obliga a los médicos a plasmar en las epicrisis de los fallecidos por el virus otro diagnóstico con tal de esconder las cifras reales.
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La Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, denunció ante la ONU que teme que en Nicaragua las autoridades del gobierno nieguen la realidad del contagio del COVID-19 y también enfatiza en que hay una polarización creciente. El régimen se niega a declarar la fase de transmisión comunitaria, continúa promoviendo aglomeraciones y pone por encima de la protección de la vida la frágil economía del país.
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