En el marco del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura, la portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Morgan Ortagus, emitió un comunicado para honrar y apoyar a las víctimas y sobrevivientes en todo el mundo. En la misiva, queda plasmado que el régimen de Nicaragua se encuentra en la lista negra por usar la tortura para silenciar a las voces disidentes.
Ortagus mencionó de manera particular que piden a los regímenes de Nicaragua, Cuba y Venezuela que «se abstengan de usar la tortura para silenciar la disidencia», a la vez a que «cesen de inmediato la represión autoritaria de los derechos humanos y las libertades fundamentales».
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En su cuenta de Twitter, la portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. señala que «el uso de la tortura para aplastar el disenso, forzar confesiones o extraer castigos extrajudiciales revela un desprecio por los derechos humanos y la dignidad humana», por ello Ortagus mencionó que «instamos a los gobiernos a promover la rendición de cuentas por estas acciones y hacer frente al abuso de los derechos humanos».
Use of torture to crush dissent, coerce confessions, or extract extrajudicial punishment reveals a disregard for human rights and human dignity. We urge governments to promote accountability for these actions and stand up to human rights abuse. https://t.co/bF52VdPOID
— Morgan Ortagus (@statedeptspox) June 26, 2020
Por otro lado, Ortagus recuerda que hace un año la Alta Comisionada Michelle Bachelet estaba en Venezuela, intentando investigar actos brutales de tortura contra los ciudadanos de ese país. Días después, el capitán Acosta Arévalo murió a causa de los crueles actos de tortura cometidos contra él.
Asimismo, mencionó que el régimen iraní, la República Popular de China, el régimen de Corea, el Gobierno de Zimbabwe y la República Chechena también emplean la tortura en contra de las personas disidentes a sus políticas.
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Por ello, la portavoz de la administración norteamericana insiste en que estos países son solo algunos ejemplos de los muchos gobiernos en todo el mundo que «continúan usando la tortura para silenciar la disidencia, coaccionar confesiones y extraer castigos extrajudiciales, acciones que son antitéticas al estado de derecho». Finalmente, hace un llamado a todos los gobiernos para que actúen en prevenir la tortura, para proporcionar compensación y rehabilitación a los sobrevivientes de la tortura, y para llevar ante la justicia a quienes se dedican a la tortura.
En el contexto de la crisis sociopolítica centenares de opositores que fueron encarcelados por levantar su voz en contra del régimen Ortega-Murillo y por haber ejercido su derecho a la protesta, denunciaron que fueron víctimas de torturas sicológicas y físicas como electrocutaciones, violaciones, golpizas con alambres de púas, en las cárceles de Nicaragua. Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido y Suiza aplicaron sanciones a seis funcionarios orteguistas entre ellos cuatro altos mandos de la Policía Nacional, por considerarlos responsables de esas torturas a los opositores.
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Los funcionarios de la Policía orteguistas castigados son: el comisionado Ramón Antonio Avellán; el director general de las Policía Nacional y consuegro de la pareja presidencial, comisionado Francisco Javier Díaz; el comisionado general de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), comisionado Luis Pérez Olivas y el jefe de la Dirección de Operaciones Policiales Especiales (DOEP), comisionado Justo Pastor, señalados de ser violadores de derechos humanos.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) documentó y denunció el caso de dos ahorcamientos dudosos en delegaciones policiales en Nicaragua. En el informe se detalla el caso del joven Jeferson Nicolás Abarca Lezama, de 18 años, originario de León; y el del ciudadano René Alberto Quintero Dávila, de 36 años, de Jinotepe, Carazo; ambos sucesos ocurridos a inicios de noviembre de 2019.
El primer caso sobre el joven de 18 años recalca que en la nota de prensa (No. 135-2019) emitida por la Policía Nacional se precisa que Abarca Lezama tenía antecedentes delictivos de robo con intimidación, robo con fuerza y hurto y que se encontró colgado en la celda el 6 de noviembre a las 4:10 de la tarde. Dicha nota policial fue refutada por la familia y amigos del joven, quienes acudieron ante el Cenidh para denunciar lo que ellos catalogaron como un asesinato.
En el informe del Cenidh se detalla el segundo caso de ahorcamiento dentro de una estación policial en Jinotepe, Carazo, corresponde al joven René Alberto Quintero Dávila, de 36 años, quien según la nota de prensa de la Policía (No. 137 – 2019). El viernes 8 de noviembre de 2019, a las 7:00 de la mañana, en las celdas preventivas de la delegación policial de Jinotepe se suicidó colgándose del techo de su celda.
