El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) denuncian al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por presuntas muertes de COVID-19 en Nicaragua. A través de un comunicado, los organismos expresan su preocupación por la falta de transparencia e intento de minimizar los decesos de coronavirus, por parte de la dictadura.
Además, advierten que los contagios y fallecidos por el virus aumentan exponencialmente en Nicaragua. «Denunciamos que estas cifras no son exactas ni conformes a la realidad ya que contrastan con las presentadas por el Observatorio Ciudadano COVID-19 en Nicaragua, que contabiliza más de 980 muertes por neumonía y sospechosas por coronavirus», dice parte del comunicado en alusión a las 46 muertes que la dictadura Ortega-Murillo reconoce a través del Ministerio de Salud.
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A la vez, insisten en que los datos suministrados por el equipo multidisciplinario evidencian las fallas del Gobierno de Nicaragua para ofrecer datos reales, transparentes y confiables que «puedan ser utilizados para dimensionar el impacto de la pandemia en el país».
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La @fidh_es y @cenidh denuncian que las presuntas muertes por #COVID19 en #Nicaragua son 20 veces superiores a las que presenta el gobierno Ortega Murillo.https://t.co/HgT59MpJho pic.twitter.com/0l0acrxisf— Cenidh (@cenidh) June 4, 2020
También exponen que la «falta transparencia del régimen refleja una voluntad de esconder la realidad de las personas que han fallecido a causa del virus y dar la percepción que la situación no es grave». Más adelante aclaran que es una «percepción creada al negarse a declarar una cuarentena nacional y continuar convocando a concentraciones masivas, exponiendo a los y las nicaragüenses en mayor riesgos que atentan contra sus vidas».
A la vez, denuncian que la dictadura hace caso omiso a los diversos llamados de tomar medidas que contengan la propagación del virus, realizadas por las Asociaciones Médicas de Nicaragua, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Naciones Unidas, por mencionar algunas.
En la misiva se detalla que la presidenta del Cenidh, doctora Vilma Núñez de Escorcia, hace el llamado a atender la cuarentena decretada por las asociaciones médicas, considerando que es «legítima defensa, es un acto de defensa a nuestro derecho a la vida».
Ambos organismos le reiteran al régimen de Nicaragua, que los «Estados deben garantizar el derecho a la vida y a la salud de todos los ciudadanos, incluso de las personas privadas de libertad, migrantes en su territorio, los exiliados y los connacionales que se encuentran fueran del país». De esa misma manera, expresan su profunda preocupación por la salud de los presos políticos con síntomas de COVID-19 que no han recibido atención médica adecuada.
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Finalmente, apuntan que «las acciones del régimen parecen estar instrumentalizando el COVID-19 para seguir callando a las voces disidentes y de oposición» y agregan que las amenazas, hostigamiento y la persecución a defensores de derechos humanos «persisten» y que el «personal médico está siendo amenazado por denunciar o criticar el manejo de la pandemia y obligando a cambiar las causas de muertes en las epicrísis para ocultar la gravedad de la situación».
El Ministerio de Salud (Minsa) en su «reporte semanal» incluye 359 nuevos casos positivos de COVID-19, por lo que la cifra alcanza 1,118 confirmados, de los cuales, según la institución, 691 nicaragüenses se han recuperado, 381 pacientes los incluyen como activos y solo 46 han fallecido.