El grupo empresarial de la “nueva clase” tiene distintos orígenes y, por tanto, distinta relación con el gran capital. La mayoría de quienes amasaron recursos con la “piñata” de los años 90 quebró. Los que supieron administrarlos y crecieron mantienen vínculos con el capital financiero y con el gran capital agrupado en el COSEP desde mucho antes de que Ortega regresara al poder. Esos capitales coinciden en visión e intereses.
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Lo mismo puede decirse de otro grupo de empresarios orteguistas, la mayoría medianos, que a finales de los años 90 conformaron el “Bloque de Empresarios” para actuar como base de apoyo económico del partido de gobierno y que lograron entonces, y por eso, posiciones importantes en el engranaje partidario y en algunas cámaras empresariales.
No es a estos dos grupos a quienes teme la élite empresarial agrupada en el COSEP. Les teme a los grandes capitales surgidos a expensas de los recursos venezolanos desde 2007 en adelante, entre los que hay que incluir las muchas y variadas empresas de la familia presidencial. Les teme por su potencial capacidad de desplazarlos valiéndose de todas las maniobras de la competencia desleal que facilita la actual estructura Estado-Partido-Familia.
El régimen Ortega-Murillo apuesta a recomponer su alianza con la élite empresarial, sello de su gestión anterior a la rebelión de 2018. Y, a pesar de declaraciones retóricas reclamando institucionalidad democrática, los grandes empresarios nacionales no dejan de dar señales de estar dispuestos a seguir legitimando a Ortega-Murillo con tal de conservar los beneficios de esa alianza.
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La corrupción está el Estado mismo. El Estado ha servido para la legitimación de la corrupción y legitima lógica del Estado-Botín al permitir la apropiación indebida de los bienes estatales.
