El director de Fundación del Río, Amaru Ruiz, y la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, pidieron ante la Organización de Naciones Unidas adoptar una nueva resolución para Nicaragua para seguir de cerca la situación del país.
“En mi país Nicaragua, nada está normal, las violaciones de derechos humanos continúan. Como defensor de Derechos Humanos y exiliado en Costa Rica (Amaru Ruiz) les trasmito las preocupaciones de los más de 96,000 refugiados que hemos tenido que salir del país y que aún no podemos retornar por el agravamiento de las violaciones de Derechos Humanos”, enfatizó Ruiz.
De igual manera, Núñez resaltó que han sido 22 meses de represión “pero también de lucha y resistencia”. Además, denunció las violaciones de la Policía Nacional en conjunto con los grupos paramilitares que actúan bajo la orden del dictador Daniel Ortega y su mujer, la primera dama, vice presidenta y encargada de comunicaciones Rosario Murillo.
“La movilización policial y paramilitar en las calles es permanente. La agresión hacia los sectores que protestan e incluso, hacia la Iglesia católica, es invariable. En la práctica hay, según calificación de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), un estado de excepción, de hecho, casi un estado de sitio actualmente”.
Los dos representantes destacaron que la represión en el país sigue principalmente contra los exreos políticos y sus círculos familiares. Asimismo, remarcaron que han encarcelado a jóvenes que salieron amparados con la Ley de Amnistía, a quienes procesan por delitos comunes.
Actualmente, permanecen secuestrados 61 reos políticos quien están, en su mayoría, en pésimas condiciones de salud por los malos tratos y las torturas. Sus familiares han pedido que se los entreguen, pero también son agredidos.
Por su parte, la alta comisionada Michelle Bachelete manifestó que “el 30 de diciembre, el Gobierno ordenó la excarcelación con medidas alternativas a la prisión de 91 personas. Entre ellas diez hombres y seis mujeres arrestados el 14 de noviembre de 2019 al entregar agua a familiares de detenidos en huelga de hambre en una iglesia de Masaya. Algunas de estas personas habían proporcionado información a mi Oficina, por lo que su detención podría considerarse como una represalia por haber cooperado con nosotros”, recalca el escrito.
Bachelet llamó al régimen a liberar a los presos políticos, que suman 61, de acuerdo con organismos de derechos humanos. Asimismo, pidió que garantice el derecho a la libertad de opinión y expresión y que regrese los medios de comunicación confiscados, que frene la persecución, acoso y actos de intimidación y reiteró el llamado a reanudar el “diálogo con los diferentes sectores de la sociedad nicaragüense, y a avanzar con las reformas electorales necesarias que garanticen que las próximas elecciones sean justas, creíbles y transparentes”.
