A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la Fiscalía de El Salvador anunció que “ha abierto investigaciones relacionadas con los acontecimientos desencadenados el domingo, 9 de febrero de 2020”, es decir, la irrupción del mandatario Nayib Bukele en el Salón Azul de la Asamblea Nacional, resguardado por un fuerte dispositivo de militares con armas de guerra.
Según la nota, el Fiscal salvadoreño “advertía que el orden constitucional se puso en peligro” con la entrada, sin invitación, de Bukele al órgano legislativo, después de una manifestación con sus simpatizantes, que recorrió las calles de San Salvador y concluyó frente al Parlamento. “Estas acciones pusieron en riesgo el Estado de Derecho, la división de poderes y el orden constitucional”, dice el texto.
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Sin mencionar directamente a Bukele ni a los jefes militares que autorizaron la entrada de los efectivos armados, la Fiscalía advierte que “la obligación de la Institución es perseguir el delito y garantizar la legalidad, por tanto, si la investigación iniciada arroja indicios de delito, se tomarán acciones legales contra las personas involucradas”.
La investigación también apunta a castigar a Bukele por que, según el comunicado, aunque “se reconoce el derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos”, se advierte que no admiten “el llamamiento a la violencia o amenaza de las instituciones en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales”. De paso critican al mandatario de estar “desafiando y amenazando por medio de discursos y declaraciones en redes sociales”.
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Finalmente, la Fiscalía agrega que el llamado de “cualquier ciudadano” a “suistituir, intervenir o coaccionar de manera ilegítima a cualquier institución del Estado va contra nuestra Constitución y atenta contra el Estado de Derecho”.
El presidente Nayib Bukele reaccionó al anuncio con sorna. “Manda a decir la Fiscalía que ya resolvieron todos los homicidios y extorsiones de nuestro país y que en el tiempo libre hará esto (la investigación anunciada)”.
Bukele dio un plazo de una semana a la Asamblea Nacional salvadoreña para que le apruebe la solicitud de un préstamo de 109 millones de dólares que su gobierno firmaría con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para el financiamiento de la tercera etapa del llamado Plan Control Territorial, que incluiría la compra de equipos de comunicación, videovigilancia, chalecos antibalas y un helicópteros que serían entregados a las fuerzas de seguridad para seguir con la estrategia de control de la delincuencia en ese país.
Durante los pocos minutos que Bukele permaneció dentro del Palacio Legislativo se sentó en la silla del presidente de ese poder del Estado y se dedicó a “orar” para pedir “paciencia a dios”. Más tarde el mandatario salió nuevamente a hablarle a sus seguidores a quienes les dijo que dios le habló y que daría una semana a los diputados para que aprueben los fondos, según dijo, para que la Policía y el Ejército puedan cuidar a los salvadoreños.
La estrategia de seguridad de Nayib Bukele se ha topado con una ferrea oposición de los partidos tradicionales salvadoreños, la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), los cuales controlan el Congreso, pese a que fueron desplazados de la presidencia por una mayoría aplastante que le dio el gane a Bukele.
