Tras el anuncio que hicieran los diputados de la aplanadora orteguista en la Asamblea Nacional, que discutirán este año 2020 con el Consejo Supremo Electoral (CSE) una reforma a la Ley 331 o Ley Electoral, la Fundación Grupo Cívico Ética y Transparencia solicitó al Poder Legislativo la inclusión de este organismo en la discusión de reforma electoral de cara a las elecciones programadas para el 2021.
El organismo le recordó a la Asamblea Nacional el rol fundamental que ha desempeñado en los últimos años con diferentes organizaciones nacionales e internacionales, en la que ha participado en al menos diez procesos electorales.
Ética y Transparencia también manifestó que en los últimos 18 meses ha venido realizando múltiples consultas «con una treintena de organizaciones civiles, partidos y movimientos políticos, así como gobiernos relevantes e instituciones internacionales referenciales».
«Sabemos que necesitamos un nuevo Consejo Supremo Electoral para poder llevar a cabo estas elecciones (…) nosotros no estamos pensando en reformas unilaterales, porque no estamos pensando en unas reformas de maquillaje, estamos pensando en reformas que puedan dar garantías al pueblo nicaragüense», señaló Xiomara Paguagua Herrera.
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Ética y Transparencia en su documento también afirma que puede aportar a la construcción de una salida a la crisis económica y de gobernabilidad que afecta a todos los nicaragüenses, además agregó que puede contribuir a restablecer el diálogo «y la comunicación política interna, madura y sin perjuicios, con pleno respeto a la institucionalidad del país, en pro del bienestar y el mejor futuro posible para todos nuestros ciudadanos».
A inicios de enero de este año el director ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Juan Sebastián Chamorro, respondió a estas pretensiones de la Asamblea Nacional de discutir este proceso únicamente con partidos políticos tradicionales. Para el miembro del grupo opositor, este proceso, para ser legítimo, debe darse a través de una negociación con la Alianza.
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«La misma Asamblea Nacional entregó y reconoce como vigente una personería jurídica que claramente nos hace pertinentes porque se crea para trabajar estos procesos electorales en el país (…). Si en el entorno de la Asamblea Nacional no se logra una reforma electoral que sirva para salir de la crisis, pues obviamente que lo que una asociación civil pertinente diría que eso es el resultado que se logra en la Asamblea no es satisfactorio y para poder decir eso es importante haber tenido comunicación con los demás actores», refutó Roberto Courtney.
En octubre de 2019, la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) presentó 13 propuestas para la reestructuración del sistema electoral en Nicaragua.
