Parte de los principales hallazgos encontrados en el reciente estudio presentado por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) y el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), “Evaluación y Consecuencias de la Reforma Tributaria de 2019 y Situación de la Tramitología para Hacer Negocios: Un enfoque Nacional y Empresarial” destaca que a partir de la aprobación a la reforma a la Ley de Concertación Tributaria los efectos en el pago de impuestos se ha dificultado y la presión por parte del Estado ha incrementado.
Funides encuestó a 56 empresas para conocer los principales problemas que tienen con la Dirección General de Ingresos (DGI) y otras instituciones estatales. El 57 por ciento de la población detalló que la cantidad de impuestos cobrados a las empresas son excesivos y el 39 por ciento dijo que los trámites no son ágiles. Mientras, el 34 por ciento manifestó que los procedimientos de pagos de impuestos no son claros porque no capacitan a los empresarios para realizarlos en línea.
En este mismo informe documentan el problema de acceso y calidad de atención del funcionario público con un 68 por ciento, luego los requisitos excesivos y arbitrarios un 66 por ciento y acceso a la información pública con 43 por ciento.
Aduana retiene mercadería
Otro de los problemas es la retención de mercadería a las empresas nicaragüenses, lo que provoca el aumento en los costos por los altos precios al momento de retirar el producto.
“Aduana es un cuello de botella que obstaculiza los tiempos y aumenta los costos para la entrada de mercadería. Existen restricciones en términos de ajustes de precios ante mayores costos de importación, lo que limita a las empresas en traer más productos”.
Finalmente, los especialistas remarcaron que otros efectos negativos de la reforma son la búsqueda de liquidez con alto costo para las empresas, la recuperación de cartera, pago de deudas, incremento de la informalidad, menos plazas de empleo y los efectos del contrabando de productos.