A través de su cuenta oficial de Twitter, el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) pidió al régimen de la familia Ortega-Murillo liberar a los 161 ciudadanos que permanecen secuestrados en los sistemas penitenciarios del país donde la mayoría de reclusos se encuentran en condiciones infrahumanas.
El Cenidh informó que la presidenta de ese organismo, Vilma Núñez, conversó con la primera secretaria de la Embajada de Taiwán en Managua, Eva Wei, quien desenmascaró a la vocera gubernamental Rosario Murillo, la que atribuye el financiamiento de esas dependencias de salud en edificios robadas a Taiwán. La diplomática le detalló a Núñez que no tienen nada que ver con las casas maternas inauguradas en las instalaciones de Confidencial y del Cenidh. Wei sostuvo que la afirmación de la vicedictadora de Nicaragua «los asustó mucho».
Según el organismo, han recibido información sobre el estado en el que se encuentran los privados de libertad, de los que más de la mitad fueron detenidos en 2018, quienes presentan problemas de salud y no les han permitido atención médica.
Entre los recientes secuestrados figuraon 16 ciudadanos miembros de diferentes movimientos sociales que se disponían a entregar agua y medicinas a un grupo de madres que realizaban una huelga de hambre en la Iglesia San Miguel Arcángel, de Masaya, el 14 de noviembre, los que fueron trasladados a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) donde, según sus familiares están siendo torturados.
#MESENI de #CIDH recibió información sobre personas que siguen detenidas en el marco de la crisis de #DDHH en #Nicaragua. #CIDH comparte la preocupación de los familiares por las condiciones de reclusión e insiste en su llamado al Estado para la pronta liberación de los presos. pic.twitter.com/c1xhHZqyje
— CIDH – Comisión Interamericana de Derechos Humanos (@CIDH) December 4, 2019
Actualmente, los abogados defensores de los reos políticos han denunciado violaciones a la Ley, al Código Penal y a la Constitución Política por parte de las instituciones estatales como: la Policía Nacional y el Poder Judicial, que han cometido arbitrariedades en los procesos penales y han hecho caso omiso frente a las denuncias por las agresiones contra la integridad física y sicológica de los jóvenes.
