Continuó la represión y los secuestros dirigidos por el régimen orteguista en Masaya. Tras el inicio de la huelga de hambre de madres de presos políticos y excarcelados de la dictadura, quienes desde el 14 de noviembre, empezaron con esa protesta en la iglesia San Miguel, los oficiales decidieron seguir las órdenes de los dictadores y el consuegro presidencial y ya llevan más de 24 horas cercando la parroquia, impidiendo se entregue la medicina del padre Edwin Román para controlar su insulina.
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Más bien, la Policía al servicio de Daniel Ortega y Rosario Murillo trasladó la noche del jueves, al menos a 13 miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) a la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como “El Chipote”, después de que trataron de llevarle agua a los familiares de presos políticos.
Los trece ciudadanos detenidos, según el reporte de la UNAB, son: Ivania Álvarez, Jesús Tefel, Neyma Hernández, Atahualpa Quintero, Wendy Juárez, Olama Hurtado, la excarcelada política Amaya Coppens, Olga Valle, Hanzel Quintero, Roberto Buschting, José Medina, Derlis Peralta y Melvin Peralta. La Articulación de Movimientos Sociales condenó la detención arbitraria en contra de los miembros opositores al régimen. “Este secuestro fue realizado por la Policía Nacional y también se presentaron en el lugar fuerzas de choque enviadas por el Frente Sandinista en nombre del Estado de Nicaragua, con la finalidad de agredir al grupo que se estaba solidarizando”.
Las condenas por los atropellos del régimen contra la ciudadanía no se hicieron esperar. El eurodiputado Miguel Urban Crespo refirió que conoció de la detención de la líder estudiantil Amaya Coppens, de nacionalidad belga-nicaragüense, y de las otras 12 personas, acción que calificó como “arbitraria”. Aseguró que “el orteguismo sigue impune, encarcelando y reprimiendo cualquier protesta”. La Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas catalogó la represión de la dictadura de Ortega como “inaceptable” e insistió en que están “listos para pedir a la Unión Europea que imponga sanciones específicas”. Todos abogaron por la liberación inmediata de los secuestrados.
La Arquidiócesis de Managua igualmente “condenó” el asedio e intimidación policial que sufre el padre Edwin Román, junto a los feligreses de la parroquia San Miguel Arcángel. El clero repudió el bloqueo a la libertad religiosa en esa ciudad. Remarcaron que “han tenido conocimiento sobre el impedimento a los fieles para ingresar al templo, del bloqueo a los servicios básicos (agua y energía eléctrica)”, a la vez detallan que han permanecido en constante comunicación con el padre Román, a quien le han “manifestado su oración, cercanía y apoyo”.
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Por su parte, monseñor Silvio detalló que los últimos acontecimientos implementados por la tiranía son “un grave atentado a la libertad religiosa”. El mismo día, un grupo de sacerdotes, encabezados por el padre Bismarck Conde, intentó llegar a la iglesia San Miguel a solidarizarse con el párroco, pero fueron impedidos de ingresar a la zona por un fuerte despliegue de policías.
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El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, también se pronunció sobre estas violaciones y denunció a través de tres publicaciones en su cuenta oficial en Twitter el asedio policial y el bloqueo de agua para beber a los familiares de presos políticos, que se declararon en huelga de hambre.
— Paulo Abrāo (@PauloAbrao) 16 de noviembre de 2019
Abrão informó que conversó por vía telefónica con las madres que están en protesta y ellas le expresaron que necesitan a sus hijos que están encarcelados “antes de diciembre”, al tiempo que le advirtieron que “vamos a resistir hasta que salgan todos”. Resaltó que la dictadura cortó la energía eléctrica y el agua, que la iglesia y los ciudadanos permanecen sitiados y que se impide la entrega de medicina y comida. El funcionario criticó que la tiranía de “Nicaragua una vez más no respeta el derecho a la protesta pacífica.
Mientras el dictador Daniel Ortega en su más reciente discurso fue claro al amenazar a los nicaragüenses con desatar una “guerra armada” para evitar una rebelión cívica como la de Bolivia que ocasionó la renuncia de Evo Morales, quien huyó de ese país después de señalársele de fraude electoral. Ortega, junto a su club del ALBA, lamentó la derrota de Morales, lo que insiste en denominarlo “golpe de Estado”. Un Ortega bravucón sentenció: “Hemos apostado a la vía electoral, hemos apostado a la vía electoral pero creo que lo de Bolivia es una prueba de fuego para que se pueda sostener la mínima confianza en la vía electoral, de lo contrario los pueblos se sentirán con todo el derecho, la obligación de buscar las armas para tomar el poder por la vía revolucionaria”.