El congresista Albio Sires, presidente del Subcomité del Hemisferio Occidental, Seguridad Civil y Comercio, envió una carta al Departamento de Tesoro de Estados Unidos solicitando que se apliquen sanciones adicionales contra funcionarios públicos que han cometido graves abusos contra los derechos humanos; además pide investigar a siete ciudadanos responsables de cargos públicos cuestionados por su administración.
En la lista del congresista aparecen los siguientes nombres: Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); María Amelia Coronel, ministra de Gobernación; Ana Julia Guido, fiscal general; Adolfo Marenco, subdirector de la Policía orteguista; el juez Julio César Arias; el juez Henry Morales Olivares y el alcalde de Matagalpa, Sadrach Zeledón.
En la misiva señala que “los matones del presidente Ortega asesinaron a cientos de nicaragüenses el año pasado (2018) y cometieron crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, casi todos los funcionarios que llevaron a cabo esos actos no han enfrentado la justicia, y muchos de ellos continúan encerrando arbitrariamente y torturando a disidentes políticos. Al mismo tiempo, Ortega se alejó de las negociaciones con la oposición. Es hora de que Estados Unidos demuestre que seguimos apoyando al pueblo de Nicaragua y que responsabilizaremos a estos crueles violadores de los derechos humanos.”
De igual manera, le recordó al Gobierno de Estados Unidos que deben de seguir mostrando su apoyo al pueblo de Nicaragua, donde hay una constante violación a los derechos humanos. “Es hora de que Estados Unidos demuestre que seguimos apoyando al pueblo de Nicaragua y que responsabilizaremos a estos crueles violadores de los derechos humanos”.
La carta fue enviada este siete de noviembre, después que el Departamento de Estado de Estados Unidos aplicara sanciones a tres funcionarios del Gobierno de Ortega, quienes han sido señalados por la población y los organismos de derechos humanos de violar las leyes, de actos de corrupción y de haber sido cómplices de la ejecución de más de 300 ciudadanos en las protestas que iniciaron en abril de 2018.
