Dos jóvenes denunciaron ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), el secuestro del que fueron víctimas por parte de paramilitares del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Según el relato, el hecho se dio el lunes, 21 de octubre, y una de las muchachas fue marcada con algo filoso en su pierna derecha con la amenaza de pPlomo” y a la otra le hicieron quemaduras también en sus piernas y brazos con cigarrillos.
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Ambas han participado activamente en las protestas contra la dictadura. Detallaron que al momento de su captura fueron interceptadas por una camioneta con cuatro civiles encapuchados y armados. “Nos dejaron en ropa interior, nos amarraron las manos, nos golpearon y nos manosearon (…) Recibimos golpizas. A mí me quemaron las piernas, brazos y abdomen con cigarrillos mientras se burlaban de nosotras y también nos acusaban de traidoras y golpistas por haber participado en las marchas”, remarcaron.
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La organización internacional Human Rights Watch (HRW) hizo un llamado a la Unión Europea (UE) para que “actúe con urgencia” y aplique el marco de sanciones contra el dictador Daniel Ortega y cuatro jefes policiales, a quienes señalan de haber dirigido la brutal represión y asesinatos en contra de los nicaragüenses durante las protestas antigubernamentales iniciadas en abril de 2018.
La lista negra incluye al comisionado Ramón Avellán, considerado el azote de Masaya, al jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, Luis Pérez Olivas, quien se encargó de ejecutar desde “El Chipote” las torturas y abusos sexuales contra los opositores al igual que a la exdirectora de la institución, Aminta Granera, quien calló y se convirtió en cómplice de la tiranía.
“Now that the EU has the legal framework to sanction key Nicaraguan officials implicated in the brutal crackdown on opponents, it should swiftly impose travel bans and assets freezes against key officials responsible for serious abuses.” ~ @JMVivancoHRW https://t.co/BZVwfASwVg pic.twitter.com/Qzl6VLO67x
— Human Rights Watch (@hrw) October 22, 2019
La periodista y exrea política Lucía Pineda Ubau recibió el Premio de Coraje en Periodismo otorgado por la International Women´s Media Foundation (IWMF), después de haber permanecido seis meses secuestrada en el Sistema Penitenciario de Mujeres, conocido como “La Esperanza” después de que la administración Ortega-Murillo la encarcelara por supuestamente “incitar al odio” a través de la información que difundía a través del canal 100% Noticias, mismo que fue clausurado por la tiranía.
La comunicadora dijo a Artículo 66 que este premio se lo dedica a Dios por haberle permitido salir bien de la prisión, donde se encontraba por “decir la verdad de lo que sucedía en Nicaragua”. Además, resaltó que esta condecoración también es para los hombres y mujeres de prensa del país que han decidido continuar ejerciendo su labor en medio del asedio constante de los agentes de la dictadura.
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El régimen orteguista intenta controlar el trabajo de los abogados y notarios públicos, a través de la Dirección General de Ingresos (DGI), lo cual consideran una medida arbitraria, según el penalista Julio Montenegro, miembro de la organización Defensores del Pueblo. Con ello, buscan presionar a los juristas a revelar información confidencial de sus clientes. “Yo considero que el gobierno no está actuando de la manera correcta, que no se puede limitar el ejercicio profesional, que no se le puede estar pidiendo a los abogados que hablen del sigilo que tienen los profesionales con su representado, porque eso prácticamente convierte al abogado en un cooperante de las autoridades investigativas”, manifestó Montenegro, quien recalcó que esta imposición generará desconfianza a sus representados y provocará más desempleo.
El arzobispo de Managua, cardenal Leopoldo Brenes, manifestó que es “riesgoso” el retorno de las personas que salieron exiliadas de Nicaragua producto de la crisis sociopolítica. El líder religioso igualmente subrayó que la última palabra de si deciden regresar la tiene cada persona. “Yo creo que el retorno prácticamente es un riesgo, sin duda alguna, pero en esto cada quien es libre de tomar su decisión”, expresó el jerarca tras celebrar una eucaristía por la Jornada Mundial de las Misiones convocada por la Iglesia católica alrededor del mundo. El arzobispo también lamentó el asedio constante que viven las parroquias de su jurisdicción eclesiástica en Managua, Masaya y Carazo, donde se brinda atención pastoral a personas abiertamente opositoras a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
