María Teresa González, originaria de Boaco, denunció ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) el allanamiento abusivo por más de 30 oficiales orteguistas y paramilitares que realizaron en su casa el pasado ocho de octubre, en busca de “armas”. La autoconvocada señalço el asedio y persecución que sufre su familia por las hordas del oficialismo.
González manifestó que se siente acosada por los policías del empalme de Boaco. “El ocho de octubre, los uniformados, junto a paramilitares allanaron mi vivienda porque supuestamente había denuncias que en mi casa tenía armas, escopetas, bombas, lanza morteros y hechizas…”. Por otro lado, agregó que tiene miedo que los agentes del régimen lleguen de nuevo a su casa y le dejen algún objeto para arrestarla.
Un grupo de estudiantes de la Universidad Centroamericana realizó un piquete exprés exigiendo la libertad de los presos políticos que el régimen mantiene secuestrados en los sistemas penitenciarios del país, que según la lista actualizada de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia suman más de 130.
Más de 30 oficiales rodearon el portón principal de la UCA, donde seis universitarios realizaban un piquete exprés. Durante la protesta, los uniformados tomaron fotografías a los estudiantes y periodistas que se encontraban en el lugar, incluso, había paramilitares que asediaban a los jóvenes bajo el resguardo de la Policía orteguista. La actividad duró aproximadamente 15 minutos y los estudiantes se retiraron sin ningún inconveniente. Sin embargo, la zona se mantiene cercada por las patrullas y antimotines.
Estudiantes de la UCA siguen en resistencia y la Policía moviliza fuerte dispositivo represivo
Carmen Jirón Jarquín, madre del joven veterinario Denis Antonio García Jirón, secuestrado por oficiales orteguistas el 12 de octubre, denunció ante el Centro Nicaragüenses de Derechos Humanos (Cenidh) que la Policía le ha negado información del estado de salud del muchacho, a quien acusan de portación ilegal de armas.
Jirón aseguró que los oficiales se han limitado a decirle que está en “proceso de investigación” del que los familiares desconocen. Asimismo, demanda a las autoridades la “oportunidad de ver a mi hijo, saber de su estado y pasarle sus cosas que necesita”.
La Coordinadora Nicaragüense de ONG que trabaja con la Niñez y la Adolescencia (Codeni) reporta que en Nicaragua por día al menos cinco niñas menores de 14 años han tenido que sustituir sus juguetes por pañales, producto de abusos sexuales cometidos particularmente por sus padres, hermanos o personas cercanas a la familia.
De acuerdo a los datos recogidos por el Instituto de Medicina Legal (IML), el 86 % de los delitos sexuales en Nicaragua ocurren particularmente contra niñas y adolescentes, “siendo el rango de edad más frecuente entre los 10 y los 13 años y la mayoría de estos delitos son cometidos por personas de la familia o cercanas a ella”.