La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), como parte de su aporte para encontrar finalmente una salida a la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua tras el estallido social iniciado en abril de 2018, presentó una propuesta que consiste en la reestructuración del sistema electoral en el país.
El movimiento político, en total presentó 13 propuestas de reformas constitucionales, que permitirán a los nicaragüenses recuperar la confianza ante los próximos procesos electorales.
El punto número ocho del documento presentado por la UNAB establece la prohibición absoluta de la reelección presidencial , es decir, que el mandatario saliente no podrá aspirar al puesto nuevamente. “Se prohíbe de manera absoluta la reelección del presidente y vicepresidente de la república”, señala el documento de la UNAB”.
Además propone derogar el articulo 133 de la Constitución Política de Nicaragua, que permite otorgarle diputación a los expresidentes y al candidato presidencial del segundo lugar. “También forman parte de la Asamblea Nacional como diputados, propietario y suplente respectivamente, el expresidente de la república y exvicepresidente electos por el voto popular directo en el período inmediato anterior, y, como diputados, propietario y suplente los candidatos a presidente y vicepresidente de la república que participaron en la elección correspondiente, y hubiesen obtenido el segundo lugar”, cita el artículo 133.
También propusieron anular el numeral 12 del artículo 173 de la Constitución Política, que establece la cancelación de personalidad jurídica a los partidos políticos que alcancen menos del cuatro por ciento del total de votos en una contienda electoral.
La UNAB criticó el mecanismo que se utiliza para elegir a Magistrados, propietarios y suplentes del Consejo Supremo Electoral. “Se requiere modificar sustancialmente los criterios y mecanismos de selección de magistrados del CSE”.
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Proponen reformar el artículo 138, numeral 8 de la Constitución que actualmente dice: “Elegir a los Magistrados, propietarios y suplentes del Consejo Supremo Electoral, previa conformación de una Comisión Especial de Selección de Candidatos, la que publicará las bases de un concurso público. En la evaluación de los aspirantes se tomarán en consideración trayectoria académica, formación profesional, idoneidad y probidad; se realizarán audiencias públicas, entrevistas y exámenes. Todos los datos personales y hoja de vida de los aspirantes serán colocados en la página web de la Asamblea Nacional (…)”.
Propuestas para una nueva Ley Electoral
El movimiento político también planteó ocho propuestas que consisten en la posibilidad de crear mecanismos para una nueva Ley Electoral.
La UNAB propuso la posibilidad que los nicaragüenses en el extranjero tengan la oportunidad de ejercer su derecho al voto sin necesidad de venir al país. “Estos se pueden registrar en línea y votar en las urnas que deben ser colocadas en las embajadas, consulados y lugares correspondientes. El documento de identificación puede ser el pasaporte o la cédula de identidad”.
Otras propuestas para una nueva ley electoral presentadas por la UNAB incluyen el concurso público para la conformación de los órganos electorales, restablecer el derecho a postular candidaturas independientes o de suscripción popular, protección para los fiscales de los partidos políticos, restablecer la obligatoriedad de la observación nacional e internacional en todos los procesos electorales, aplicar el principio de representación proporcional con el cociente electoral y residuos electorales, permitir el plebiscito y el referéndum en asuntos regionales, departamentales y municipales y el cambio en la forma de financiamiento de las campañas electorales.
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En septiembre de este año la UNAB presentó 20 puntos, que según ellos, visionan para una nueva Nicaragua y el establecimiento de la ruta para el desmontaje de la dictadura de Daniel Ortega, la aplicación de la justicia y la consolidación democrática para garantizar la institucionalidad en el país.
La estrategia estaba agrupada en cuatro capítulos: “justicia y no impunidad”, “democracia y desmontaje de la dictadura”, “crecimiento económico con equidad social”, y “el desarrollo humano sostenible”, mismos que apuntan serán la clave “para que el país logre un desarrollo económico y social sostenible”.
