Líderes comunitarios y ciudadanos habitantes de la Reserva Biológica de Indio Maíz denunciaron que la venta ilegal de tierras ha provocado un “conflicto sangriento” en la zona, generando en los últimos meses el asesinato de ocho ciudadanos, entre ellos mujeres, adultos mayores y niños. Los pobladores aseguraron a Artículo 66 que dichos acontecimientos se dan por la falta de acciones del Ejército de Nicaragua y de la Policía Nacional, quienes, según señalaron, en muchos casos protegen a los agresores y no atienden las demandas de la población afectada, lo que ha provocado que grupos armados y delictivos invadan la reserva y pongan en riesgo la vida de los comunitarios que viven en la zona de Río Indio.
Líderes universitarios, miembros de movimientos sociales y excarcelados políticos convocaron para este 18 de octubre a un hablatón que tiene como objetivo apoyar a los familiares de las personas que todavía están secuestrados en los sistemas penitenciarios de Nicaragua y para los que fueron liberados, pero que no están laborando. Hasta la fecha se contabilizan más de 130 reos secuestrados por paramilitares y policías. Dicha actividad consiste en recaudar granos básicos, aceite, avena, productos enlatados, leche, galletas, panes, sopas instantáneas, medicinas y artículos de higiene personal como desodorante, pasta dental y shampoo.
El abogado Julio Montenegro, miembro de la organización Defensores del Pueblo, denunció arbitrariedades en la audiencia inicial en contra del preso político Ernesto Antonio Ramírez García, originario de Jinotepe, quien está siendo acusado por supuesto vínculo con el narcotráfico y portación de armas. Para Montenegro la dictadura insiste en realizar procesos judiciales contra reos políticos vinculándolos con delitos comunes, entre ellos, narcotráfico y portación ilegal de armas.
Este jueves, 10 de octubre el líder campesino y expreso político Medardo Mairena regresó a Nicaragua después de haber participado en el cabildeo internacional para denunciar las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, entre ellos el asesinato de más de 50 campesinos en la zona norte y sur del país.
Durante la pre-conferencia 25 de cambio climático en Costa Rica, los representantes del Grupo Cocibolca y la Articulación de Movimientos Sociales (AMS), la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), Alianza de Pueblos Indígenas y Afro-Descendientes entregaron tres cartas a directivos del Banco Mundial (BM), donde les solicitan no financiar la deforestación y los crímenes de la familia Ortega-Murillo en Nicaragua bajo el proyecto del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF).
La abogada y activista Mónica López Baltodano manifestó que el mensaje es firmado por más de 200 organizaciones ambientales de Nicaragua. “Es inaceptable e inconcebible que luego que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableciera que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo cometieron crímenes de lesa humanidad en contra del pueblo de Nicaragua que el Fondo de Carbono del Banco Mundial, recientemente, haya preaprobado un financiamiento por 60 millones de dólares para este régimen”
