Los ciudadanos que acompañaron la procesión de San Jerónimo, en Masaya, aprovecharon la ocasión para gritarle en su cara al comisionado Ramón Avellán que es un “asesino”, quien es señalado como el principal ejecutor de los crímenes cometidos en ese departamento en el marco de las protestas que iniciaron en abril de 2018 y que en esa ciudad dejó un saldo mortal de 35 víctimas, de acuerdo con las cifras de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).
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Mientras un grupo de feligreses ondeaban la bandera de Nicaragua con el escudo invertido otros lanzaban bolsas de agua y botellas contra el agente de la dictadura, quien era acuerpado por cuatro oficiales, entre ellos, el comisionado general Luis Barrantes, jefe de la delegación policial de esa ciudad.
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La vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell, aseguró que los más de 70 mil nicaragüenses exiliados en ese país significan “una carga pesada” debido a que provienen de un país que no solo atraviesa dificultades políticas sino también que tienen una situación económica cada vez más deprimente. Campbell aseguró a la Voz de América que la situación de crisis sociopolítica en el país generó “impacto a nivel nacional, el primer impacto es que nunca como antes tuvimos tantas solicitudes de refugio”.
“Comejenes”, “hongos”, “bacterias”, “insectos”, esos son los últimos epítetos que lanzó la vicepresidenta de Nicaragua, primera dama y coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo, al referirse a los opositores que desde abril de 2018 exigen la renuncia de la dictadura. Para la socióloga y miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) Violeta Granera, las palabras de Murillo demuestran “la impotencia del régimen al no lograr someter al pueblo de Nicaragua. Es la frustración y el miedo expresado en odio y desesperación y la confirmación de que estamos frente a un discurso oficial que se contradice por su falsedad”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de una carta, confirmó al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) que otorgaron medidas cautelares en favor del exreo político y líder estudiantil Nahiroby Olivas y su familia, quienes han sido víctimas de hostigamiento y persecución de policías y paramilitares al servicio del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Según dicho organismo, Olivas “se encontraba en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos”, según la resolución número 52/2019 que ya notificaron al Estado de Nicaragua.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) a través de un comunicado manifestó su indignación por las agresiones físicas y las restricciones a la libertad de expresión y los derechos humanos en Nicaragua, uno de los cuatro países en los que se registran las violaciones. Dicho organismo concluyó recomendando la necesidad de realizar un monitoreo permanente sobre la situación.
