[vc_row][vc_column][vc_column_text]En Nicaragua, desde el año 2007 la ex comisionada general de la Policía Nacional, Ana Julio Guido, asumió como Fiscal General adjunta del Ministerio Público en el contexto de una estrategia consistente y contundente del Frente Sandinista de Liberación Nacional para lograr la captura de instituciones del Estado. Una estrategia que luego sería uno de los 3 pilares que violando los derechos humanos más fundamentales han sostenido el régimen Ortega – Murillo: Justicia. Policía y Fuerzas Armadas. Siete años después, Ana Julia Guido fue nombrada Fiscal General y desde entonces organizó e implementó una estructura de persecución penal claramente subordinada a los intereses del FSLN.
Expediente Público en esta serie de reportajes ha documentado y formado evidencia de como el sistema de justicia penal se ha consolidado como un arma de extorsión y castigo a quiénes se oponen o son percibidos como hostiles al régimen. Mediante estos reportajes se ha formado evidencia de cómo el Ministerio Público ha sido uno de las bases sobre la que el régimen ha sostenido la persecución contra activistas sociales y políticos que se sumaron a las protestas cívicas iniciadas en Abril del 2018.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][td_block_big_grid_fl_4 post_ids=”25340,25333,25326,25321″ tdc_css=””][/vc_column][/vc_row]