Después de que se conociera la detención violenta del excarcelado político Francisco Javier Hernández Morales, de 34 años, en el barrio Martin Luther King, aledaño a San Judas de Managua; su esposa Jacqueline Elizabeth Estrada Navarrete, de 34 años, denunció abuso, agresiones e intento de femicidio por parte de su pareja. Estrada relató que el altercado se dio cuando encontró a Hernández consumiendo drogas en su casa y ella le reclamó. Tras la agresión, llamó a la policía.
Explicó que en un primer momento llegaron tres uniformados en una patrulla y procedieron a detener al exprisionero político, pero en el forcejeo, Hernández se les escapó y corrió hacia la casa de su mamá, hasta donde fue perseguido por los policías. Ahí la Policía actuó con exceso de fuerza y hasta realizó 12 disparos, 3 de los cuales impactaron en el cuerpo del exreo político, quien inmediatamente tuvo que ser llevado en estado grave al hospital Fernando Vélez Paiz.
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La Unidad de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses enviaron una carta abierta al Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, en la que expresaron su preocupación y consternación por sus recientes afirmaciones en la que excluyó a Nicaragua de los países que sufren dictaduras en América Latina.}
El pasado 21 de agosto, el Secretario General expresó a través de su cuenta en Twitter que en la región sólo se enfrentan dos dictaduras: Cuba y Venezuela. La carta fue enviada en ocasión de la reunión ordinaria que sostendrán mañana miércoles los estados de la OEA, en la que analizarán la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares para la dirigente de la Unidad Nacional Azul y Blanco Violeta Granera Padilla y su familia, por el constante acoso y hostigamiento policial de la que ha sido objeto en los últimos meses. Las medidas fueron otorgadas a Granera y su familia, a solicitud del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).
El organismo nacional, que fue ilegalizado por la dictadura desde finales del año pasado, informó a través de un comunicado que la decisión de la CIDH se dio “ante la situación de gravedad y urgencia en que se encuentran las víctimas”. Después de la rebelión de abril de 2018, Granera se integró a la Unidad Nacional Azul y Blanco junto a más de 40 organizaciones de la sociedad civil que encabezaron la demanda nacional e internacional de acciones para debilitar a la dictadura de Ortega.
