A través del proyecto de viviendas “Bismarck Martínez” la familia Ortega-Murillo exige a las personas de escasos recursos e interesadas en obtener una casa escribir una carta dirigida al dictador, lo que para los políticos opositores demuestra el aislamiento que sufre el régimen.
Ana Margarita Vijil, miembro del Movimiento Renovador Sandinista (MRS) expresó que es responsabilidad del Estado garantizar una vivienda digna a los ciudadanos.
“No solamente es contrario a la Constitución y a sus obligaciones estatales, es también patético porque demuestra el aislamiento y la soledad de Daniel Ortega”, resaltó Vijil, quien señaló dicha acción como un chantaje a la población de escasos recursos.
En el artículo 64 de la Constitución Política de Nicaragua se establece que “los nicaragüenses tienen derecho a una vivienda digna, cómoda y segura
que garantice la privacidad familiar. El Estado promoverá la realización de
este derecho”; sin embargo para la exguerrillera y miembro del MRS Dora María Téllez la política de Daniel Ortega es clientelar porque utiliza el dinero del país para asegurar fanáticos.
“Son obligaciones de cualquier gobierno de Nicaragua prestar determinado tipo de servicios a la población, como es el caso de facilitar que las personas tengan una vivienda digna”, expresó.
Propaganda del régimen
Para el sociológo y catedrático Cirilo Otero, esta acción del régimen orteguista es con sentido propagandístico-político y partidario porque no responde a un plan nacional de vivienda.
“Durante los últimos 12 años (2007-2019) no se ha realizado estudio sobre la demanda de viviendas en el país. Sabemos que hay hacinamiento humano familiar, pero, no hay nada que lo respalde técnicamente”.
Las viviendas tienen un costo de 9 mil 500 dólares, de los cuales los beneficiados deben de abonar 40 dólares mensuales a 25 años de plazo, con interés anual del 10%. Cada construcción es de 54 metros cuadrados, de bloques y un baño.
