Opositores y expertos en municipalismo cuestionan el cierre de espacios de participación de la ciudadanía, llegando hasta privatizarlos, no obstante alcalde de Diriamba defiende la participación como un quehacer sinérgico en el municipio
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“No hay forma de catalogar una administración gubernamental como democrática si el primer acto que comete es hacer un sistema de participación partidario, clientelar y acabar con el sistema de participación ciudadana”. De esta forma resume Violeta Granera, lo que ha pasado durante las administraciones de gobierno encabezadas por Daniel Ortega y Rosario Murillo, en los últimos 12 años con los espacios de participación ciudadana.
Granera fue la última directora del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), que fue hasta el 2007, “el espacio nacional que recogía las propuestas y los debates que se daban en todo el país”.
El CONPES fue uno de los espacios creados por la Ley 475 o Ley de Participación Ciudadana aprobada en diciembre de 2003 y tuvo como objetivo “la promoción del ejercicio pleno de la ciudadanía en el ámbito político, social, económico y cultural, mediante la creación y operación de mecanismos institucionales que permitan una interacción fluida entre el Estado y la sociedad nicaragüense, contribuyendo con ello al fortalecimiento de la libertad y la democracia participativa y representativa establecido en la Constitución Política de la República”.
La ley tuvo su fundamento en los artículos 7 y 50 de la Constitución Política de la República que reconocen el derecho de la ciudadanía de participar en igualdad de condiciones en los asuntos de la gestión pública del Estado.
Asimismo, reconoce instrumentos internacionales en materia de derechos humanos suscritos y ratificados por Nicaragua, aplicando los principios generales del derecho aceptados universalmente sobre esta materia.
“El principal objetivo de la ley en esa etapa, a mi modo de ver, era cambiar la cultura política no solo de la ciudadanía, que ya venía reclamando y ejerciendo su derecho en el sentido de exigir en las decisiones públicas, pero sobre todo en los funcionarios públicos, sobre todo cambiar el enfoque de funcionario a servidor público e incorporar en esa cultura la compresión de que el dialogo, la escucha y la tomada en cuenta de lo que la ciudadanía estaba diciendo”, recuerda Granera, hoy en la acera de la oposición política contra el régimen de Ortega y Murillo.
Granera, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), un movimiento integrado luego de la crisis sociopolítica originada en abril 2018, por diferentes sectores sociales que se oponen al régimen, lamenta que Ortega “no haya entendido que había ya un empoderamiento de la población que tarde o temprano iba a revertirse en contra de esa mentalidad autoritaria, dictatorial y excluyente que fue evidente desde el comienzo de su mandato”.
“Creo que tuvimos avance, creo que fue un proceso digamos frustrado, porque cuando llegó Ortega al poder fue lo primero que desmanteló, pero la semilla está ahí, y se está viendo”, sostiene la líder de oposición.
Ortega se aferra a un consejo negativo
El ingeniero Agustín Jarquín Anaya, socialcristiano exaliado político de Ortega, dice que el mandatario inicialmente tenía la convicción de la necesidad de fomentar la transparencia y la participación ciudadana efectiva para tener una mejor gestión pública.
“(…) había originalmente una evidencia de una actitud de compromiso de temas importantes como el acceso a la información pública, la rendición de cuentas, el fomento de la participación ciudadana”, expone Jarquín Anaya, quien al principio de la entrevista no se arriesga a exponer una explicación para el cambio en esa supuesta convicción del mandatario, para finalmente sostener que Ortega está siguiendo un consejo muy negativo de Tomas Borge.
“Él tomó en cuenta las palabras que le dijo su compañero don Tomas Borge, en el asunto de que había que aferrarse al poder, a lo que sea, un consejo muy negativo, por supuesto para el pueblo nicaragüense, para su partido y para él en lo personal. Y lamentablemente ha actuado en consecuencia, destruyendo la institucionalidad, afectando severamente el Estado de Derecho, eliminando la seguridad jurídica, eliminando la autonomía municipal, la participación ciudadana, promoviendo más bien vía prebendas o amenazas la aceptación de su estructura”.
Privatizan los Consejos Municipales
La licenciada Beranidia Navarrete, concejal del Partido Liberal Constitucionalista en Diriamba, un municipio donde el Frente Sandinista ha estado por 40 años, expone evidencia del proceso de pérdida de autonomía y participación a nivel local. Según ella, últimamente la Alcaldía no promueve los cabildos que a su juicio es el espacio donde la gente participa exponiendo las necesidades de cada barrio y de cada comarca.
“Y hay problemas también porque hay poca invitación y a la misma vez no hay acceso a la información, no existe acceso a la información es prácticamente cerrado todo, prácticamente cerrada la información. (…). Las sesiones son prácticamente privadas, casi, casi son privadas, no existe comunicación”, asegura Navarrete.
Participar, un quehacer sinérgico
Sin embargo, el alcalde de la ciudad, el arquitecto Fernando Baltodano, refuta lo expuesto por Navarrete, al señalar que en el municipio se respetan los espacios establecidos en la Ley y que además de los cabildos, ellos establecen acercamientos con la comunidad, promueven la participación en los consejos municipales “es algo que nosotros tratamos de respetar y tratamos de llevar adelante en la medida de nuestras posibilidades”.
Baltodano, quien accedió a conversar con Artículo 66, minutos antes de la presentación del equipo local de futbol Caciques del Diriangén, refiere que tienen un ciclo de cinco cabildos por ley.
“A veces, lo cual es lamentable decirlo, muchos de nuestros concejales no asisten a nuestros cabildos cuando ellos debieran de ser los primeros de estar presentes” sostuvo Baltodano, quien señala que “el año pasado debido a las circunstancias ajenas que pasaron no se pudieron llevar adelante los cabildos, pero este año estamos tratando de volver al ciclo de que la gente participe”.
Baltodano considera que la participación “es un quehacer que debería ser sinérgico, la gente participa y nosotros estamos anuentes a atender a las familias en cualquiera de las expresiones (territorial, gremial, empresarial, industrial)”.
Esta política de apertura es la que, según Baltodano, les ha permitido crear nuevos empleos y tratar de resolver los problemas y necesidades generales que la ciudadanía del municipio les plantea.
Una frase demagógica
Para la concejal liberal, no obstante, la frase “El pueblo presidente” que se enarboló desde el gobierno central y en los municipios, no ha sido más que demagogia pues en la práctica el secretario político del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional es quien dirige operativamente a la comuna. “El secretario político es el que dirige, el cabildo y todo lo que es el aspecto administrativo y financiero”.
Navarrete reconoce que la falta de unidad en la oposición es la que ha afectado la posibilidad de lograr espacios de incidencia en el municipio. “Pero la división, eso nos ha causado un gran problema, entonces ellos se han aprovechado de eso”.
Modelo populista de gestión
Para el sociólogo y experto en temas municipales, Dr. Manuel Ortega Hegg, en democracia “la oposición juega un papel sumamente positivo para los ciudadanos y para la gestión en tanto cuanto se convierte en vigilante de la acción de la gestión pública, es decir crea a un sector que está pendiente de esa situación”.
Sin embargo, en la actualidad, sostiene el experto en temas municipales, “simplemente se ha impuesto un modelo de gestión que establece de manera populista algunas acciones en favor de sectores de la población, pero otras simplemente las define el partido de gobierno en el municipio”.
