La Unión de Presos Políticos en conjunto con el Movimiento Campesino, Movimiento Estudiantil 19 de abril y el Comité Pro Liberación de Presos Políticos convocaron la mañana de este jueves, ocho de agosto, a un paro nacional de tres días iniciando el jueves 22 de agosto y finalizando el sábado 24. Los sectores emplazaron a la empresa privada para convocar al paro y así presionar a la dictadura.
La petición va dirigida a la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic) y el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), cuyos dirigentes son interlocutores de la Alianza Cívica en la mesa de negociación. Los sectores dieron un plazo de 72 horas para que la empresa privada y la misma Alianza Cívica se pronuncien en referencia a esa petición.
Los exprisioneros políticos rechazaron el argumento de algunos empresarios que justifican su no adhesión a mecanismos más decididos para presionar a la dictadura con que no pueden poner en riesgo el empleo y sus inversiones. “Ningún capital, ni ninguna afectación económica vale más que las vidas que ha asesinado el régimen”, dijo el líder campesino Freddy Navas.
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La Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham), en conjunto con el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), exigieron a la dictadura de Daniel Ortega la devolución de los medios de comunicación confiscados a raíz de la crisis sociopolítica que vive el país, como es el caso de 100% Noticias y las oficinas de Confidencial. La Policía allanó las instalaciones de 100% Noticias el 21 de diciembre de 2018, mismo día que secuestraron a los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda, director y jefa de prensa respectivamente, quienes habían sido acusados por “incitar al odio y cometer delito de terrorismo”.
Miguel Mora señaló que los procesos legales en su contra y de Lucía Pineda aún siguen abiertos pese a ser beneficiados con la “supuesta amnistía”. Por su parte, el director de Confidencial y Esta Semana, Carlos Fernando Chamorro, quien actualmente se encuentra exiliado en Costa Rica, denunció que sus instalaciones fueron allanadas arbitrariamente el 14 de diciembre de 2018, ya que la Policía no presentó una orden judicial.
José Adán Aguerri, presidente del Cosep y miembro de la Alianza Cívica, señaló que el actuar de las autoridades en contra de los medios de comunicación ha sido inconstitucional, además exigió el cese a la represión, la censura y la libertad de prensa que están sufriendo particularmente los medios de comunicación independientes.
Los abogados de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) se presentaron ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía, aprobada por la dictadura el ocho de junio de este año. Al Poder Judicial llegaron nueve abogados del organismo, quienes interpusieron el recurso a título personal. El director de la CPDH, Marcos Carmona, afirmó que esta ley aprobada por la dictadura pretende dejar en la impunidad los delitos cometidos por la Policía y grupos paramilitares, que asesinaron a más de 325 ciudadanos durante las protestas iniciadas en abril de 2018.
“Creemos importante que esta ley que el gobierno ha impulsado a través de la Asamblea Nacional lo que pretende es que haya impunidad en cuanto a los crímenes que se cometieron, en cuanto a las violaciones a los derechos humanos, a las torturas, a los abusos sexuales y para nosotros como defensores creemos que debe prevalecer la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”, remarcó Carmona. La CPDH espera que en un término mínimo de tres meses la Corte Suprema de Justicia emita el fallo en cuanto a esta solicitud.
No debemos perder de vista que el COSEP estuvo en maridaje cincel régimen y cuando se le señalaba el rumbo incorrecto que llevábamos en el país, el Sr. Aguerri arremetía en contra de quienes nos pronunciavamos de esa forma, y el gran capital no de diga pues se echaron sus millones de dólares en esa alianza pública privada y por ahí están agarrados pues ni es remoto que se lo restrieguen en su cara de manera directa. Por qué en el llamado no se apela a nosotros los trabajadores para que mostremos que tenemos dignidad y nos declaramos en paro sin que la empresa privada lo declare? Si los empresarios los sancionan quitándoles sus salarios debemos tenerlo en cuenta cuando se de la transición que será pronto. Lo mismo si empiezan a despedir gente por declararse en paro, pues quienes queden trabajando deberán responder con paro indefinido en las empresas que tomen tal represalias. Hay que tener dignidad y seguir trabajando para generar los recursos que tienen oxigenada a los asesinos y criminales.