En la segunda entrega del trabajo de investigación que realiza Artículo 66 en el que se refleja lo que ha representado para el hijo de la pareja presidencial y sancionado por los Estados Unidos, Laureano Ortega, el millonario negocio de la ópera, se revela que entre 2016 y 2018 Incanto pagó conciertos y clases de teatro lírico.
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En estos tres años, el Gobierno redujo presupuestos a organizaciones de reconocido impacto social, mientras subió como espuma los desembolsos para costear el capricho del tenor presidencial. Los 8.3 millones de córdobas que recibió la Fundación Nicaragüense del Canto (Incanto) de parte de la Secretaría de la Presidencia (Sepres) fueron utilizados para pagar planillas, conciertos y costosos cursos de teatro lírico impartidos por maestros cubanos, según documentos en poder de Artículo 66, entregados por una fuente de la Secretaría de la Presidencia.
Ante el llamado de los estudiantes de salir a protestar a pesar de la negativa de la guardia orteguista de permitir una marcha, desde tempranas horas del jueves un fuerte despliegue policial se desbordó desde el sector de Metrocentro hasta la rotonda Jean Paul Genie, en Managua. En todo el sector de la carretera hacia Masaya colocaron patrullas cargadas de antimotines y policías azules, los uniformados llegaron acompañados de la técnica canina y armados con fusiles AK con el objetivo de intimidar y hostigar y así impedir la movilización.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenaron que el régimen no autorizara y llamaron a las autoridades a cumplir con sus verdaderas obligaciones de resguardar la seguridad de los que libremente deciden manifestarse en contra del régimen asegurando los espacios para que las personas se reúnan pacíficamente y expresen libremente sus opiniones, garantizando su seguridad, conforme a sus obligaciones.
Asimismo, solicitaron al Estado que asegurara “el derecho a la manifestación sin represalias”. Ninguna de las peticiones fue retomada por los agentes del régimen, quienes nuevamente atacaron a los ciudadanos congregados en los plantones.
La #CIDH llama nuevamente al Estado de #Nicaragua a respetar el derecho a la protesta social, una de las formas de ejercer el derecho de reunión y de libertad de expresión. El Estado debe asegurar el derecho a la manifestación sin represalias. (2/2) pic.twitter.com/PMpXCA734E
— CIDH (@CIDH) July 25, 2019
Ante la brutal militarización ejercida por la guardia orteguista en la capital desde tempranas horas de este jueves, 25 de julio, los estudiantes apostaron por realizar plantones en diferentes puntos. Primero, los universitarios y ciudadanos se manifestaron en el parqueo del Centro Empresarial Pellas. La Policía cercó el edificio con al menos 30 patrullas y decenas de efectivos con uniformes de la Dirección de Operaciones Especiales. La Policía hizo uso hasta de la técnica canina a lo largo de la carretera a Masaya para intimidar a los ciudadanos.
Más tarde, los universitarios, imposibilitados de expresarse en la rotonda Jean Paul Genie, como estaba previsto, se replegaron a las cercanías del edificio de la empresa Movistar. Los universitarios, en compañía de feministas, realizaron un piquete con banderas azul y blanco y gritaron consignas. Hasta ese punto se movilizó todo el aparato represivo de la Policía en unas 40 patrullas, microbuses y al menos unos 200 uniformados con sus armas y escudos. El plantón fue atacado con bombas, piedras y chibolas que eran lanzadas por los policías que usaban huleras o tiradoras. Los uniformados lanzaban las chibolas también contra periodistas que cubrían la protesta. El ataque dejó al menos tres secuestrados.
