Exigen al régimen orteguista devuelva los medios de comunicación que la misma dictadura confiscó

La Fundación Violeta Barrios de Chamorro en conjunto con la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) presentaron la mañana de este martes, 23 de julio, el «Protocolo sobre libertad de expresión y derecho a la información», la que incluye que la dictadura cumpla con los acuerdos firmados en la mesa de negociación. En representación de la Alianza Cívica participaron; Mario Arana, Azahálea Solís, José Pallais y José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).

La propuesta de esta alianza es presionar a la dictadura a cumplir con las acuerdos  firmados el 29 de marzo en la mesa de negociación, como es permitir a los periodistas y medios de comunicación realizar su trabajo con libertad, como establece la Constitución Política, además de la devolución de los medios de comunicación confiscados por la dictadura y garantizar seguridad al retorno de los periodistas que se encuentran en el exilio.

«Se establece en este acuerdo la necesidad de revisar las decisiones adoptadas por el Estado, en relación a los bienes, instalaciones, activos, equipos, documentos, licencia y cualquier otro bien material perteneciente a los medios de comunicación afectados en el contexto de los hechos ocurridos a partir del 18 de abril de 2018, a fin de lograr la devolución de estos bienes cuando así corresponda conforme la Constitución y la ley», afirmó Mario Arana, miembro titular de la Alianza Cívica.

La Fundación Violeta Barrios de Chamorro desde el inicio de las protestas ha documentado los diferentes escenarios represivos contra el gremio de periodistas, uno de ellos es el asesinato en contra del comunicador de Bluefields Ángel Gahona, el 21 de abril de 2018, el arresto arbitrario a cinco periodistas, (ya excarcelados), como Miguel Mora, Lucía Pineda, Marlon Powell y Marlon Fonseca, y más de 90 periodistas exiliados y arriba de mil casos de violaciones a la libertad de prensa.

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«Las principales formas de represión registradas son las relacionadas con lesiones, amenazas, intimidación, acoso o presión; ataques a la reputación y la honra; obstaculización al acceso de los medios materiales (DGI, DGA, INSS, OAF, TELCOR, entre otros); ocupación arbitraria de propiedad mueble y/o inmueble; cancelación de personerías jurídicas y detenciones y privación de libertad arbitrarias», cita parte del comunicado.

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Hasta el momento, la Dirección General de Aduana (DGA) continúa reteniendo el papel y materias primas a los medios de comunicación impresos como el Nuevo Diario y La Prensa, que contabiliza 47 semanas de bloqueo aduanero. Asimismo, las instalaciones del Canal 100% Noticias siguen tomadas por la Policía orteguista, desde el 21 de diciembre de 2018, como también las oficinas de Confidencial.

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«Nosotros creemos firmemente que la libertad de expresión es un derecho fundamental, está en la constitución y es un derecho humano que no debería ni siquiera ser objeto de negociación entre el gobierno y la Alianza porque es un derecho ganado por los nicaragüenses y además el periodismo nicaragüense es uno de los mejores del mundo porque se ha ganado cinco premios por eso respaldamos que se restablezcan sus derechos inmediatamente», recalcó Cristiana Chamorro, presidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.

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