Marvin Rodríguez, de 52 años, originario de Monimbó, Masaya, fue secuestrado por antimotines y paramilitares al servicio del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Según sus familiares, una patrulla policial y una camioneta Hilux, color verde, interceptaron al ciudadano, cuando este se disponía a salir de su casa, donde tiene una venta de repuestos de vehículos. “Andaban varios antimotines, dos paramilitares encapuchados y cuatro policías vestidos de azul, lo esposaron y lo metieron a la casa, le dijeron que había una denuncia de que él financia la fabricación de bombas de contacto”, dijo a Artículo 66, Sandra Rodríguez López, hermana del detenido. Además de capturarlo y allanar su vivienda en busca de supuestas evidencias, los parientes de Marvin Rodríguez, señalaron que los agentes de la guardia orteguista le quitaron 6,000 córdobas, que había destinado para pagar los impuestos de su negocio.
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La mañana del cuatro de julio, las madres de los tres jóvenes asesinados durante el llamado “Plan limpieza”, ejecutado el cinco de julio de 2018 por la dictadura en León, realizaron una misa para honrar la memoria de estas víctimas de la represión del Estado, que responden a los nombres de: Danny Ezequiel López, de 21 años; Alex Enrique Machado Vásquez, de 24 años; y Junior Alexander Núñez Rojas, de 21 años. El acto religioso fue asediado por decenas de antimotines, quienes se apostaron en los alrededores de la Iglesia San Pedro, en Sutiaba.
Tras finalizar la eucaristía, varias patrullas siguieron por las calles del poblado a las madres y a quienes las acompañaron. El hostigamiento llegó a tal punto que la guardia persiguió a los familiares de las víctimas mortales hasta sus casas donde ubicaron hasta ocho patrullas como parte de la tónica de intimidación que mantiene el régimen.
El abogado Julio Montenegro informó a través de su cuenta de Twitter que recibió una notificación acerca de la aplicación de amnistía en favor de los periodistas Luis Galeano, Jackson Orozco y el comentarista político Jaime Arellano, exiliados por la criminalización de parte del régimen a su derecho de informar. Montenegro recalcó que los casos serán archivados, pero no absueltos. “Recibí una notificación donde se hablaba del caso de don Jaime Arellano, Jackson Orozco y Luis Galeano, que fueron acusados y había orden de allanamientos en contra de ellos, ya con la Ley de Amnistía se ha determinado archivar la causa y mandar a cancelar los antecedentes”, remarcó el abogado.
Sin embargo, el jurista aclaró que en la notificación recibida no se habla de una anulación de los cargos de los que los acusa el régimen de Daniel Ortega, por los cuales había girado orden de captura, desde el 23 de diciembre de 2018. “Están hablando de un archivo, no de una absolución. El juez sexto, Henry Morales, está cerrando el caso y está mandando a cancelar los antecedentes. Nosotros sabemos por la praxis como abogados, que eso no es lo correcto o tienen desconocimiento de la ley o hay alguna intención no tan buena, por eso daremos mayor información, para dar a conocer nuestro criterio y las incidencias que encontramos”.
Y en el plano internacional, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció la proporción “sorprendentemente elevada” de lo que denominan presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. El organismo registra en un documento oficial cerca de 7,000 ejecuciones extrajudiciales. “Entre el 1 de enero y el 19 de mayo del presente año, otras 1,569 personas fueron asesinadas, según las estadísticas del propio Gobierno. Otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores”, recalcó Bachelet, cifras que el régimen calificó de “errores” y “falsedades”, aunque el mismo informe indica que los números fueron obtenidos por parte de fuentes oficiales.
