La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia presentó una lista actualizada al 25 de junio donde confirma que 91 presos políticos aún permanecen encerrados en los sistemas penitenciarios de Nicaragua y al menos 102 personas están desaparecidas y los familiares no tienen información de su paradero. De igual manera, afirmó que están dando seguimiento a los secuestros realizados del 31 de marzo de 2019 al 10 de junio del 2019, fecha en que fue aprobada la Ley de Amnistía.
Carlos Tünnerman, miembro de la Alianza Cívica, afirmó que de esos 91 presos políticos, 27 de ellos fueron detenidos antes del 30 de marzo, lo que supone que debieron haber salido a más tardar el 18 de junio, según el acuerdo firmado en la mesa de negociación. Asimismo, expresó que la Alianza Cívica tiene programado informar en la Asamblea Nacional de la OEA que se realiza en Medellín, Colombia, la situación de los excarcelados políticos, ya que la dictadura no les ha otorgado una liberación total, lo que no garantiza seguridad para ellos.
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La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo remitió a la Asamblea Nacional para su aprobación una reforma a la ley No.977 “Ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva”, mejor conocida como “ley antiterrorismo”. Los artículos reformados son; Articulo 4 numeral 7, artículo 9 numeral 4, artículo 10, artículo 15 literal e), artículo 17 numeral 7, de la Ley 977. La reforma pretende de alguna manera regular las actividades de los abogados y notarios públicos, ya que podrá detectar “operaciones inusuales” y reportarlas al Poder Judicial y posterior remitirlas a la Unidad de Análisis Financiero. Es decir, que de aprobarse esta reforma los abogados y notarios públicos serán incluidos en la lista de profesiones y actividades no financieras como sujetos obligados por la legislación.
El diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Walter Espinoza dijo a un medio de comunicación digital que esta reforma obligará a los abogados y notarios públicos a informar si sus representados están involucrados en lavado de activos o vinculados en operaciones sospechosas como financiamiento al terrorismo.
Por su parte la abogada Yonarquis Martinez afirmó; “esta reforma es completamente inconstitucional porque existe una premisa constitucional del derecho a la defensa y todo lo que vos hables con tu defendido es confidencial”. Desde la aprobación de esta ley en julio de 2018, ha sido muy criticada por organizaciones de derechos humanos, comunidad internacional y miembros de la sociedad civil, ya que fue usada para detener a estudiantes que se levantaron en contra del régimen y acusarlos de terrorismo, sin embargo deja en la impunidad las muertes y graves violaciones a derechos humanos cometidos por policías y paramilitares.
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Las gasolineras de la Distribuidora Nicaragüense de Petróleos (DNP) Petronic, dejaron de aceptar los pagos con tarjetas de crédito o débito, es decir, únicamente están recibiendo pagos en efectivo, por la venta de combustibles. En todas las estaciones de servicio fueron retiradas las máquinas POS, que permitían realizar dicho pago. La medida es una consecuencia directa de las sanciones impuestas por Estados Unidos, que prohíbe al sistema financiero tener contacto con entidades ligadas a personas y empresas fichadas en la Oficina de Control de Activos Extranjeros.
El economista Sergio Santamaría expresó que la eliminación del pago con tarjeta en estas gasolineras es debido a que la empresa DNP, propiedad de la familia Ortega Murillo, “ha sido una de las que ha estado manejando la cooperación petrolera venezolana con ALBANISA, y al venir las sanciones contra esta empresa entonces los bancos y el sistema financiero no están dándole trámite a los pagos”.
Las gasolineras Petronic, han sufrido varias estocadas desde que inició la crisis sociopolítica y la represión gubernamental, después del 18 de abril de 2018. Los movimientos cívicos han levantado feroces campañas de boicot para llamar a los consumidores a no comprar combustibles en estas bombas.