El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a cuatro altos funcionarios del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a quienes señala como violadores de los derechos humanos de los nicaragüenses. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, incluye en su lista de delincuentes internacionales a Orlando Castillo, director general del Instituto Nicaragüense de Correos y Telecomunicaciones (Telcor). Castillo ha sido el agente de la dictadura que se ha encargado de censurar a los medios de comunicación y amenazar con retirar licencias por no seguir la línea de la dictadura. También aparece la ministra de Salud, Sonia Castro. La institución pública a cargo de Castro ha sido tildada de negar atención médica a los manifestantes que resultaron heridos en el contexto de las protestas y dejarlos morir así como despedir personal de los hospitales, quienes no obedecieron la orientación de la tiranía y decidieron cumplir con su deber y brindar atención a los ciudadanos.
La lista negra la completan el general en retiro Óscar Mojica, quien está a cargo del Ministerio de Transporte e Infraestructura. A Mojica lo tildan de promotor de “la estrategia de “exilio, cárcel o muerte” para silenciar a la oposición, una política que dejó cientos de muertos, miles de heridos y decenas de miles de personas encarceladas, expulsadas o desplazadas internamente. Además, Mojica administra una parte significativa de las finanzas personales y oficiales del presidente Ortega y de la vicepresidenta Murillo, incluidas las inversiones en plantaciones de café”. El presidente de la Asamblea orteguista, Gustavo Porras, es incluido en la lista por estar al frente, según Estados Unidos, de “una entidad que ha promulgado acciones o políticas importantes que socavan los procesos o instituciones democráticas en Nicaragua. Porras es el operador político más importante del presidente Ortega”.
El Departamento del Tesoro a través de su comunicado oficial argumentó que la administración de Donald Trump incluyó en la lista a estas cuatro fichas del orteguismo porque son los que “persiguen a los ciudadanos nicaragüenses que ejercen sus libertades fundamentales, promulgan leyes represivas, silencian a los medios de comunicación y niegan atención médica al pueblo nicaragüense”. Sigal Mandelker, subsecretaria del Tesoro de Estados Unidos para Terrorismo e Inteligencia Financiera, recalcó que “el gobierno de Nicaragua continúa violando los derechos humanos del pueblo nicaragüense, implementando leyes de explotación y violencia y manteniendo a cientos de personas como presos políticos. Estados Unidos está enviando un mensaje inequívoco al presidente Ortega y su círculo íntimo: apoyamos al pueblo nicaragüense en sus llamamientos a la reforma y al retorno a la democracia”.
Estados Unidos igualmente remarcó que para estos nuevos sancionados “todos los bienes e intereses en propiedad de estos individuos y de cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento de dichos individuos, que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de las personas estadounidenses están bloqueadas y deben ser reportadas a la Oficina de Control de Activos Extranjeros”.
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Las reacciones ante las nuevas sanciones no se hicieron esperar. Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza Cívica, dijo que “estas son las consecuencias de la política de represión, Gustavo Porras es un personaje que se ha visto involucrado en todos estos actos de represión. Además es un reconocimiento internacional de que aquí en estas realidades modernas no se pueden cometer delitos o abusos de derechos humanos sin pagar las consecuencias, como es el caso de Sonia Castro porque está ampliamente demostrado que negó atención pública y obviamente la violación al derecho a la información de parte del ente regulador TELCOR que explica el por qué de las sanciones a Orlando Castillo”. Por su parte, el experto en relaciones internacionales y analista político Bosco Matamoros remarcó que la medida “a nivel personal e institucional les afectará en sus actividades y en llevar a cabo sus funciones como órganos que no solamente operan en Nicaragua, sino que tienen relaciones con el contexto externo e internacional, así que indiscutiblemente afecta la capacidad de trabajar”.
La lluvia de sanciones no paró y Canadá también bajo la Ley de Medidas Económicas Especiales decidió sancionar a nueve funcionarios del régimen orteguista, a quienes señala de cometer graves delitos a los derechos humanos en contra de los nicaragüenses durante la crisis iniciada el 18 de abril de 2018, que dejó más de 300 personas asesinadas y los crímenes aún siguen en la impunidad. Canadá remarcó que la tiranía “continúa permitiendo violaciones a los derechos humanos, incluso mediante la restricción de la libertad de expresión y el derecho de reunión, mientras continúan las detenciones arbitrarias”.
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En la lista de los sancionados figuran Rosario Murillo, vicepresidenta, primera dama, mujer de Ortega y responsable de comunicación de la tiranía, el secretario de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, Gustavo Porras, presidente del Parlamento orteguista, el asesor para inversiones de Nicaragua e hijo de la pareja de dictadores, Laureano Ortega, Sonia Castro, ministra de Salud, el jefe de la Policía orteguista y consuegro presidencial, Francisco Díaz, el presidente ejecutivo de Telcor, Orlando Castillo, el ministro de Transporte e Infraestructura, Óscar Mojica, y el asesor en seguridad de la presidencia Néstor Moncada Lau.
