La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo excarceló este 30 de mayo a 50 ciudadanos que fueron secuestrados en 2018 por la Policía orteguista y paramilitares por denunciar y protestar por las violaciones a los derechos humanos cometidos por el Estado. El Ministerio de Gobernación (Migob) presentó la lista de los presos políticos a los que el régimen les otorgó convivencia familiar, pero que siguen acusados y procesados, en su mayoría, por terrorismo y desestabilizar al país.
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Los presos políticos a los que el régimen mandó a sus casas denunciaron las violaciones a sus derechos humanos en el penal de “La Modelo”. Uno de los excarcelados es el exmilitante histórico del Frente Sandinista Alfonso Morazán, quien en declaraciones al diario La Prensa señaló que él “pasó 55 días en calzoncillo, tirado en una loseta donde los zancudos casi te levantan en el aire, sin comida, a veces no me daban el medicamento y una vez hasta me cortaron la visita, inclusive cuando estaba en “El Chipote”, se murió mi mama y no me dieron permiso para que fuera a la vela”.
Morazán, padre del activista Yaser Morazán, también relató que el día en que fue asesinado el preso político Eddy Montes por custodios del Sistema Penitenciario Jorge Navarro “entraron más o menos como unos 400 policías y tropas especiales del sistema, y nos dieron una reverenda reventada (golpiza), que de 118 presos que estábamos ahí, 97 salieron bien golpeados y heridos, ese día fue que murió Eddy, cuando nos llegaron a golpear Eddy ya había fallecido”.
Tras el cambio de régimen carcelario a estos 50 ciudadanos, que no les garantiza su libertad total, pues no son sentencias de sobreseimiento ni absolutorias por falta de pruebas, a como demandan los expertos, aún quedan pendientes 182 presos políticos a quienes la dictadura tiene de rehenes en “La Modelo” y “La Esperanza”, según los números de Alianza Cívica. Entre los que aún permanecen en las mazmorras se encuentran los líderes estudiantiles: Amaya Coppens, Byron Corea y Nairobi Olivas, al igual que los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau y los líderes del movimiento campesino Medardo Mairena y Lener Fonseca. Esta es la quinta excarcelación que realiza la tiranía, quien tiene como plazo para liberar a los ciudadanos detenidos en el contexto de las protestas hasta el 18 de junio.
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El 30 de mayo se cumplió un año de la masacre dirigida por la dictadura en la “Madre de todas las marchas” y en Managua y Matagalpa se realizaron plantones para exigir justicia para las víctimas. La Policía orteguista asedio los puntos de concentración y en la ciudad del norte de Nicaragua se tomó la catedral para intimidar a los ciudadanos que únicamente se hicieron acompañar de banderas de Nicaragua y pancartas. La guardia llegó armada con fusiles AK y desplegó un batallón para generar terror a los nicaragüenses que nuevamente decidieron salir a las calles para demandar libertad y democracia.
