Los agentes del orteguismo en la Asamblea Nacional aprobaron con 69 votos a favor la “Ley del perdón” propuesta por la dictadura, con la que se busca deslindar de cualquier responsabilidad a los paramilitares y policías que asesinaron a los ciudadanos que decidieron protestar desde abril de 2018 contra la tiranía. En la iniciativa que fue presentada con carácter de urgencia también se incluye una supuesta serie de beneficios para las personas que el régimen considere víctimas, entre las que incluyen: atención médica, becas de estudios y entradas gratuitas a eventos deportivos. De igual manera, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos garantizará la atención, organización y actualización del registro de personas afectadas durante las protestas.
Tras esta aprobación, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) resaltaron que esta ley no garantiza que las autoridades al mando del orteguismo investiguen de forma imparcial y confiable los asesinatos de los más de 300 ciudadanos asesinados registrados en el marco de las protestas sociales y más bien apuestan a que el régimen solo pretende beneficiar a los simpatizantes sandinistas que están en la lista conciliada de la dictadura a los que califica como “víctimas de la intentona del golpe de Estado”; sin embargo excluye a los familiares de los estudiantes que murieron producto de las balas de la guardia y paramilitares al servicio de la dictadura.
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La opositora Alianza Cívica presentó la cifra actualizada hasta el 28 de mayo de los presos políticos que según su informe es de 233 y desmiente la cifra de 142 encarcelados que reconoce la dictadura, por lo tanto exige la inclusión de las 91 personas restantes. “La Alianza Cívica reafirma que estos 233 presos políticos cumplen los estándares internacionales para ser considerado como tales, carácter que ha sido reafirmado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, explicó la contraparte del régimen en su escrito. La Alianza, igualmente, remitió una misiva al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) explicando la diferencia que existe en la lista e insistió en la importancia de dar cumplimiento al “acuerdo para la facilitación del proceso de liberación de personas privadas de libertad de conformidad al ordenamiento jurídico del país y las respectivas obligaciones internacionales de Nicaragua en este ámbito, firmado el 27 de marzo en la mesa de negociación”.
Monseñor Abelardo Mata, uno de los más críticos a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, se reunió, con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, en la Casa Blanca en Washington, para exponerle las violaciones a los derechos humanos que se viven en Nicaragua desde la crisis sociopolítica. Pence expresó su preocupación por “el estado de la libertad religiosa en el mundo y en especial en Nicaragua”.
Mata señaló que durante el encuentro hubo “un fructífero intercambio de ideas y experiencias, dirigidas a la necesidad urgente de promover la libertad religiosa en todos los lugares en donde está amenazada y en especial en Nicaragua. Por mi parte yo expuse al señor vicepresidente la difícil situación por la que atraviesa el pueblo nicaragüense, en su mayoría católico y la necesidad de imperar nuestros mejores esfuerzos por parte de todos los hombres de buena voluntad para que por medios pacíficos logremos el restablecimiento de la paz, la justicia, la libertad y la democracia en Nicaragua”.
