Ante el llamado a paro nacional del jueves, organizaciones no gubernamentales, empresas privadas, pequeños comercios, colegios y universidades hicieron público que se sumaban a la iniciativa de la Alianza Cívica para presionar al régimen de Daniel Ortega a que libere en su totalidad a los presos políticos y garantice justicia y democracia para Nicaragua.
El régimen orteguista reaccionó a la convocatoria e inició una ola de amenazas para las entidades bancarias y empresas privadas que decidan participar de esta iniciativa de protesta cívica, convocada por la coalición opositora y respaldada por el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep). El ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta amenazó al sector bancario, a quienes recalcó que en caso de sumarse al paro nacional pueden sufrir “sanciones por el cierre repentino”. “No puede haber ningún banco en tiempos normales que pueda cerrarle al público, porque es un servicio público regulado por el Estado, debe de estar regulada de cuándo cerrar y cuándo abrir, no se puede cerrar de un día a otro, eso lleva a sanciones de parte de la reguladora del sistema financiero, debo aclarar que los bancos en el 2018 los paros que hicieron, lo hicieron bajo amenazas de no poder operar, en esta oportunidad dado que se recuperó la paz, no hay ningún argumento para que ningún banco pueda cerrar porque el país está completamente normal, por lo que cualquier llamado de esos grupos, van a tener sus sanciones”, dijo el agente de la dictadura.
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Esa nueva presión de la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras llevó a la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp) a notificar que existía una comunicación donde se les recordaba que deben cumplir con sus servicios. En la misiva, Asobanp ratificó su respaldo a la “demanda de la ciudadanía de poner en libertad a las personas detenidas en el contexto de las protestas cívicas” y a que cumpla con los acuerdos firmados en la mesa. Igualmente, remarcó que ellos cerraron durante los paros convocados en el 2018, apostando a la seguridad de los clientes y colaboradores.
La dictadura cada vez más acorralada y tras las advertencias que han realizado los organismos internacionales y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) ante el incumplimiento de los acuerdos por la parte de la tiranía, informó que liberarán de forma definitiva “a más tardar el 18 de junio de 2019 a los excarcelados que se encuentran en sus casas en convivencia familiar o en arresto domiciliar de los que todavía se encuentren encarcelados y de los que tienen proceso abierto en ausencia, cuya causa está en trámite”. En el comunicado también se detalla iniciar con el proceso de reformas electorales con el apoyo de la Organización de Estados Americanos, pero jamás hablan de anticipación de comicios tal cual lo demanda un amplio sector de la población.
La administración orteguista aunque intenta ceder sigue con las amenazas. En lo que denominaron el Programa para consolidar la paz de Nicaragua que contempla nueve puntos está la realización de auditorías a “todas las empresas, asociaciones sin fines de lucro, fundaciones y demás sectores exonerados, a fin de determinar el buen uso de los equipos, insumos y materias primas exoneradas, incluyendo a los medios de comunicación”.
Esta advertencia es interpretada por Jaime Chamorro Cardenal, director de La Prensa, como un nuevo ataque a los medios independientes porque intentan tomar cualquier excusa para seguirlos afectando económicamente. Resaltó que a pesar de las acciones de la familia Ortega-Murillo, ellos recibirán la auditoría porque no tienen nada que esconder. “Ellos pueden ir a auditar lo que quieran, no sé qué van a buscar más. Algunos clientes y los socios estamos poniendo dinero para que no se muera el diario”, señaló Chamorro, lo cual se debe al secuestro de la materia prima por parte de la orteguista Dirección General de Aduanas que ya lleva 38 semanas.
