Entre el 2016 y el 2019, la Policía Nacional casi duplicó el presupuesto especial para seguridad personal del presidente Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo, sus hijos, nietos y para los funcionarios, diputados, ministros, asesores, magistrados de los Poderes del Estado, sus familiares, y también para los diplomáticos y expresidentes. La escolta policial se tragó 144 millones de córdobas en el 2016, y recibió aumentos año con año, hasta llegar al 2019 a los 263 millones de córdobas. ¿A qué le teme Ortega? ¿Qué rubros han sido afectados por cuidar a las personalidades? ¿Cuál es la diferencia con las otras dependencias de la misma Policía?
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En medio de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril de 2018, la partida presupuestaria para brindar máxima seguridad a la familia presidencial y, en especial, al presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, incrementó para este 2019. Esto a pesar de los ajustes que se realizaron debido a la caída en la recaudación de impuestos por la debacle económica que ha provocado la constante represión y el Estado de sitio que mantiene el gobierno contra los ciudadanos que se manifiestan en su contra. La Policía recibirá 263 millones de córdobas este año, equivalentes a más de 8 millones de dólares, para la protección de personalidades, que también incluye al personal diplomático y políticos del país.
Sin embargo, son el presidente y su séquito los que más resguardo reflejan, lo cual obedece, según especialistas en temas de seguridad, al “temor” que tiene la familia gobernante a un posible ataque en su contra o a alguno de sus familiares tras las violaciones a los derechos humanos que ha perpetrado, lo que ha dejado un saldo mortal de entre 325 y 565 asesinados o a cuentas pendientes con narcotraficantes. Artículo 66 preparó este trabajo periodístico para evidenciar la evolución en los últimos cuatro años del gasto en guardaespaldas, que ocupa el cuarto puesto en nivel de importancia en el presupuesto policial, inclusive, por encima de la seguridad vial.
Duplicaron gasto en escoltas
Desde 2016, la partida que contempla el Presupuesto General de la República (PGR) para la protección de personalidades viene en aumento. En ese año se destinaron 144 millones 286 mil 844 córdobas (5.1 millones de dólares), cifra que en el subsiguiente 2017 vio nuevamente un incremento hasta alcanzar los 176 millones 124 mil 751 córdobas (6 millones de dólares).
En 2018, el monto subió más y llegó hasta los 211 millones 322 mil 888 córdobas (6.86 millones de dólares), pero fue en el 2019 cuando el incremento fue mayor. El aumento supera los 50 millones de córdobas en medio de la peor crisis que ha atravesado Nicaragua en tiempos de paz en los últimos 40 años.
La aplanadora oficial en la Asamblea Nacional aprobó la propuesta tal cual la presentó el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) y destinó 263 millones 094 mil 420 córdobas (8.1 millones de dólares) para brindar seguridad y “proteger la vida e integridad física, del presidente de la República y la vicepresidenta y primera dama; personalidades nacionales y extranjeras”, lo que incluye la “inspección física del lugar, previo a la realización de eventos y/o actividades”, según se establece en la Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional.
En comparación con lo destinado en 2018, este año el presupuesto para la seguridad personal incrementó un 24.4 por ciento. A juicio del general en retiro y opositor Hugo Torres es “ilógico” el monto de la partida designada. “Uno, (al presidente) le importa más su vida, la vida de su familia y sus allegados que la vida de la ciudadanía porque no tiene sentido que haya más presupuesto para ese rubro que, por ejemplo, para la seguridad vial que deja cientos de muertos por año. Dos, porque hay un temor visible por parte de Ortega y sus allegados a un probable daño que alguien les pudiera hacer y eso no es de ahorita (2018) sino de siempre, a partir del 2007 para acá”.
Torres, igualmente, valora que ese aparato de protección es excesivo. “Ese dispositivo de seguridad que tiene Ortega no lo tiene ningún presidente de Centroamérica. En un país tan pequeño y que se vanagloriaba, según el discurso oficial, de ser el país más seguro de Centroamérica. Hay ahí un contrasentido, en el que habiendo sido el país más seguro de Centroamérica antes de abril (de 2018, con el inicio de las protestas), el presidente de la República, sus allegados, sus familiares y sus ministros tuvieran un dispositivo de seguridad, sobre todo él (Daniel Ortega) y su familia, tan desproporcionado”.
Por su parte, el politólogo y ahora perseguido por el régimen orteguista, Félix Maradiaga atribuyó al “miedo” estas políticas de seguridad. “Lo que revela es una política de Estado de temor y del miedo alrededor de las figuras gubernamentales principales, es decir, es un Estado que no solo ejerce el terror hacia fuera sino que ellos mismos están con mucho miedo de que podría pasar algo porque es lo único que justifica un gasto tan grande en seguridad personal en comparación con otros rubros de la Policía”.
En el artículo 7 inciso 3 de la Policía de Nicaragua referido a las funciones de la institución, se detalla que parte de esa protección pasa por “establecer y aplicar un sistema de medidas preventivas y procedimientos operativos de forma permanente, circular y escalonada, mediante el uso de medios técnicos, de apoyo y de protección necesarios para garantizar de manera integral la vida e integridad física, tanto en el ámbito público, como privado”.
El presidente de la nación, el jefe de la Policía, el vicemandatario, los presidentes de los Poderes del Estado, expresidentes y su familia gozarán de esa protección, así como jefes de Estado y de Gobierno de otros países que lleguen de visita a Nicaragua, fórmulas de candidatos presidenciales durante las campañas electorales y otras personalidades que determine el mandatario de turno y el director de la Policía Nacional.
Este resguardo también se da cuando se registran “viajes que realicen al exterior”. Esa medida contiene, según la misma normativa, la implementación de “medidas de seguridad, inteligencia y de orden público en los lugares públicos o privados en donde permanezca o se desplace el presidente de la República y otras personalidades protegidas en un área o perímetro que estará en dependencia al tipo de actividad que se desarrolle.
Vigilar y proteger las sedes y residencias de los miembros del Cuerpo Diplomático y Consular, de acuerdo a los convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado de Nicaragua y a los principios de reciprocidad. Captar, recibir y analizar cuantos datos tengan interés para la protección de la vida, la seguridad e integridad de las personas protegidas.
Establecer coordinaciones con el Ejército de Nicaragua y demás instituciones públicas, en el cumplimiento de las medidas de protección y seguridad, en el ámbito de su competencia y con arreglo a lo dispuesto en sus respectivas leyes orgánicas. Requerir apoyo a las personas naturales y entidades privadas, para que contribuyan en el cumplimiento de las medidas de protección y seguridad implementadas”.
Y es precisamente ese apoyo de la fuerza castrense el que destaca la excomandante guerrillera, historiadora y crítica de la dictadura de Daniel Ortega, Dora María Téllez. “Hay un involucramiento del Ejército en la seguridad de Daniel Ortega. Es decir, hay un círculo de defensa personal de Ortega que está cubierto por el Ejército y cuando tenés a militares vos de lo que estás hablando es de volumen de fuego. La pregunta es para qué querés semejante volumen de fuego de una fuerza del Ejército en el entorno del El Carmen (casa y despacho presidencial), a quién estás esperando que ataque y si estás esperando eso es una fuerza que cuente con los medios para hacerlo y esa fuerza en Nicaragua indudablemente solo son los narcotraficantes rivales de los narcotraficantes con los que Ortega ha estado aliado, que son los únicos asociados con el meteorito (explosión que se dio en septiembre de 2013 y que sin resultados comprobables el Gobierno así lo catalogó), con el ataque a la caravana el 19 de julio (de 2013)”, recalcó Téllez quien hizo hincapié en que ese nivel de “paranoia” permanece desde que Ortega retornó al poder en 2007 y no con el estallido social en abril de 2018.
Esa es la misma teoría del general Hugo Torres: “¿Quién querrá atentar contra Daniel Ortega? Sobre todo en un país que no está en guerra, que no estaba sometido a un conflicto de enfrentamiento armado. Los únicos que tendrían un poder de fuego y disposición para actuar contra alguien que considere su adversario o que considere un peligro, el único que tendría ese poder de fuego es el narcotráfico”.
Por su parte, Roberto Cajina, especialista en temas de defensa y seguridad nacional, atribuye ese comportamiento al “miedo a un atentado mayor, al miedo a sus propias acciones” aunque considera que a “nadie en su sano juicio se le va a ocurrir invadir el búnker de El Carmen”.
Más escoltas que agentes de tránsito
La protección a personalidades ocupa el cuarto lugar en la lista de prioridades para la institución policial, solo superada por la prevención, seguridad ciudadana, las actividades centrales de la jefatura y lo destinado para la inteligencia policial. Esa área inclusive supera en gran medida la cantidad de oficiales destinada a la seguridad.
Según los datos registrados por la Policía, en este 2019 dispondrán de 153 oficiales para resguardar las calles y el tránsito en Nicaragua, mientras que para cuidar a personalidades destinarán a 1,267 agentes, es decir, un 828 por ciento más, lo que también se muestra en el presupuesto que reflejan las estadísticas oficiales, ya que la seguridad vial solo percibirá 41 millones 135 mil 029 córdobas (1.72 millones de dólares) frente a los 8.1 millones de dólares para escoltas.
Los números denotan la desproporción cuando se analizan las estadísticas de accidentalidad de tránsito y víctimas mortales en las carreteras. En el país, según la misma Policía diario mueren dos personas en accidentes de tránsito. Los reportes dan cuenta de 791 fallecidos en 2016 y 781 en 2017 por esa misma causa.
Para Leonardo Labarca, especialista en temas presupuestarios, ese número de efectivos y de recursos “es una disparidad muy grande. No es justificable tener un oficial de tránsito por cada municipio y en su mayoría en Managua. Dados todos los operativos que hacen de supuesta seguridad ciudadana, al presupuesto de la Policía le van a dar muchísima más prioridad”.
Labarca afirma que el único objetivo del régimen es “fidelizar a la Policía”, mientras el politólogo Félix Maradiaga cataloga como “ridícula” esa distribución presupuestaria. “En el presupuesto de 2019, seguridad vial tiene 1.72 millones de dólares y seguridad personal tiene prácticamente siete veces más, más de 8 millones de dólares y en número de oficiales, la comparación es ridícula, 153 agentes en seguridad vial y 1,267 en escoltas. Esto se interpreta como un Estado que no tiene claras sus prioridades o mejor dicho que quizás las tiene. Es su capacidad represiva y no el combate a la pobreza, no es la educación y no es la salud”.
Elvira Cuadra, socióloga y experta en temas de seguridad, añade que “la Policía dice que tiene un modelo proactivo, preventivo y comunitario, pero vemos un desbalance porque vemos que los recursos humanos y los recursos materiales están centrados en la protección de un grupo muy pequeño, que en este caso es una élite, la élite gobernante o la familia gobernante, en vez de asegurar la protección de la ciudadanía y la prevención de la delincuencia y la criminalidad”.
El escandaloso aparato de seguridad para proteger a Ortega
Aunque la pareja presidencial se ve muy poco por las calles de Nicaragua, a menos, que haya un evento especial del partido o del gobierno, cuando Daniel Ortega o Rosario Murillo transitan por la convulsa Managua su presencia se hace notar por el excesivo aparato de seguridad que los resguarda.
Son el presidente y la vicepresidenta, primera dama y también coordinadora de comunicación a los que más se les dispone de protección policial. La custodia de los dictadores incluye siempre los infaltables Mercedes Benz G83 V8 AMG. Se ven de dos a cuatro de esos vehículos lujosos blindados, que según la marca que los distribuye tienen un costo de medio millón de dólares. Ortega siempre conduce uno de los Mercedes en los que se traslada a actos oficiales fuera de El Carmen, el búnker de donde pocas veces salen, pero cada vez que lo hacen, sin importar la distancia, hay en promedio tres agentes por cada 200 metros.
Su poca presencia en la ciudad, Cajina la interpreta como una necesidad de vivir “encerrados en el búnker de El Carmen” y gozar de “una protección estática. Son prisioneros de su propio miedo y el pago de esa seguridad sale de los impuestos de la ciudadanía”.
La caravana policial para la que también despliegan a agentes de seguridad vial incluye a otros elementos solamente conocidos como los “camisas azules”, personajes que conforman la seguridad paraestatal del régimen. Ortega y sus allegados, además, recorren la ciudad con dos patrullas y seis motocicletas así como otros encubiertos que vigilan su paso. En momentos hasta cierran las carreteras.
A esos “camisas azules” la exguerrillera Dora María Téllez los cataloga como “paramilitares peligrosos de confianza, son gente que está ahí en función de sabuesos, de animales de presas que están ahí para defender incondicionalmente a Ortega, pero que tienen todas las prerrogativas y privilegios como que fueran oficiales de la Policía, son clásicamente paramilitares, a rostro descubierto y seguramente pagados con la planilla de la Policía, bajo otra figura y con un cheque especial que sale desde El Carmen con el que se premia a estas fidelidades”.
Cajina también incluye a otros elementos ajenos a los oficiales al servicio de Ortega. “Hay gente de la Juventud Sandinista (JS), además de los camisas azules, que participan en los cordones de seguridad, es decir, (Daniel) Ortega cuando sale para un 19 de julio tiene un cordón extraordinario y la Policía es como la última parte de ese cordón y esos recursos nadie sabe de dónde salen. Pudiera ser que salieran de los gastos de la Presidencia, pero también podrían estar vinculados a la cantidad de dinero que el régimen ha acumulado a través de la cooperación venezolana que se habla del 2007 al 2016 como en 4,000 millones de dólares. Es bien difícil, sobre todo, por la falta de transparencia y por la decisión del Gobierno de manejar como deuda privada la cooperación venezolana y no como deuda pública, recursos que han sido mal habidos por la familia gobernante”.
El politólogo Maradiaga dice que la presencia de otros agentes externos “es una violación a la misma ley policial, ya que no está considerada esa estructura parapolicial. Desde el punto de gasto público, hemos intentado indagar de dónde se paga esa gente. No es posible determinarlo con precisión por la falta de transparencia pública, pero hay partidas que resultan sospechosas, por ejemplo: toda la recaudación que hace la Policía Nacional en materia de multas de tránsito, deberían ser reportadas y estimadas anualmente y esa es una especie de bolsón o caja chica que se maneja con muy poca transparencia. Pero también hemos encontrado cajas chicas dentro del INSS (Instituto Nicaragüense de Seguridad Social), dentro de Telcor (Instituto de Telecomunicaciones y Correos), Enacal (Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados), incluso, dentro de Enabas (Empresa Nicaragüense de Alimentos Básicos)”.
A esto se le suma, de acuerdo con el Programa 017 de la Policía Nacional, referido a la protección de personalidades, el trabajo previo que se realiza antes de su desplazamiento. El informe remarca que parte de esa labor requiere entre sus servicios la “revisión técnica en detectar explosivos en objetivos de seguridad” y “planes de aseguramiento y protección al presidente y vicepresidente de la República”, lo que dicen también se aplica con los miembros de los poderes del Estado, diplomáticos y personas de otros países que visitan el país.
Sin embargo en ninguna parte del documento detalla cómo está subdivido el monto de seguridad en correspondencia con la “personalidad” a la que se le da seguridad, pero es evidente que la pareja presidencial es la que tiene el despliegue más excesivo que cualquiera.
Documento: Marco de gasto constitucional de la Policía Nacional
Cajina recuerda que en el tiempo en que Violeta Barrios de Chamorro fue presidenta (1990-1996) y en el caso del mandato de Enrique Bolaños (2002-2006) “solo tenían un policía en la puerta de su casa, tenía un conductor y un policía nada más”.
La familia Chamorro-Barrios señala que desde que doña Violeta cumplió su periodo, únicamente se la asignó un escolta que resguardaba su casa en el residencial Las Palmas, en Managua, pero recalcaron que ese oficial “se lo quitaron cuando empezó la crisis y no lo hemos querido volver a pedir por la persona que está a cargo (comisionado Francisco Díaz, consuegro presidencial)”.
Mientras Maradiaga enfatiza en que “todas las figuras presidenciales tienen recursos, pero lo cuestionable es el excesivo gasto y la forma desordenada con la que se hace, mezclando figuras partidarias, camisas azules, con los roles jurídicos que se deben tener” e insiste en que igualmente en tiempos de Bolaños, el máximo despliegue que se observaba “era cuando estas figuras se movilizaban a la zona rural y era muy poco. Con el régimen de Daniel Ortega Lo que hemos visto es algo más preocupante, es el uso de la institución militar no solo para los fines constitucionales y para los fines operativos que son legalmente aceptables sino el uso político donde oficiales del Ejército han sido exhibidos en actos político-partidarios o, por ejemplo, el cuido de familiares, hijos, nietos de la familia presidencial con recursos del Estado”.
La guardia orteguista contempla este 2019 “802 planes de aseguramiento y protección al presidente y vicepresidente de la República”, pero tampoco especifican en qué consistirán.
El expresidente y aliado del orteguismo Arnoldo Alemán es uno de los que aún tiene asignada seguridad personal. El caudillo del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) cuando fue mandatario, según Confidencial, se movilizaba con tres motos, dos patrullas de seis policías cada una, y en su vehículo viajaba con el jefe de escoltas. Artículo 66 intentó contactar al exmandatario pero no fue localizado en su casa de campaña.
Este medio de comunicación igualmente trató de contactarse con la oficina de relaciones públicas de la Policía para consultarle sobre estas prioridades presupuestarias, pero fue imposible programar una entrevista.
La Policía es la institución con mayor descrédito del país. Se le señala de ser la principal responsable de la represión y los asesinatos en contra de los ciudadanos que protestan desde hace un año contra las imposiciones de la dictadura. La Policía, además, tiene a su cargo la coordinación de grupos paramilitares que fueron empleados por la dictadura para la llamada “operación limpieza”, que consistió en desmontar a tiros y portando armas de alto calibre, los tranques en varias zonas del país.
La institución está a cargo del consuegro de la pareja presidencial, Francisco Díaz, a quien el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos le aplicó la Ley Magnitsky por violador de los derechos humanos y por ordenar la ejecución de los “crímenes de lesa humanidad”, tipificados así por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Dora María Téllez insiste en que difícilmente la institución del “orden público” revelará estos datos, ya que en El Carmen predomina el secretismo. “Eso tiene que ver con el incremento de la paranoia del régimen porque en Nicaragua, desde el asesinato de Pedro Joaquín (Chamorro, en 1978) y Enrique Bermúdez (excomandante de la Resistencia, asesinado en 1991), no ha habido ningún asesinato contra personalidades políticas o relevantes que no fueran crímenes comunes.
No hay ninguna justificación, primero, para semejante despliegue y segundo, para semejante incremento. Evidentemente, se sienten inseguros, se sienten paranoicos , sienten que pueden ser atacados porque ellos atacan a la sociedad, pero en realidad el abuso de la seguridad personal tiene que ver con manifestaciones del poder político. Es que cada niño o hijo de los Ortega anda con un policía detrás que además les anda sosteniendo la pizza o la Coca Cola, porque yo los he visto”.
Detalle del presupuesto de la Policía Nacional para 2019
Actualmente y tras la crisis, el búnker de los Ortega-Murillo se mantiene aún más resguardado y el perímetro de seguridad incrementó. Durante un recorrido por los alrededores de El Carmen, Artículo 66 contó 30 retenes, que incluyen vallas metálicas, artefactos de metal, conocidos como “miguelitos”, en versión ampliada y barricadas de piedras canteras, que sirven de tranque para evitar el acceso a la casa de Daniel Ortega. En cada retén hay entre dos y tres efectivos, vestidos de negro y portando fusiles AK-47. En total contamos 84 agentes. Ese aparato de protección dificulta el libre tránsito y ha impuesto un Estado de sitio en la zona.
Todo este cordón de seguridad persiste a pesar de que la dictadura, a través de la Policía, alardeaba de ser el país más seguro de Centroamérica y tener la tasa más baja de homicidios, de seis por cada 100 mil habitantes, según estadísticas oficiales. Además, decían ser ejemplo para las naciones latinoamericanas por su modelo de trabajo directo con la comunidad, pero tras la revuelta cívica la propaganda quedó en entredicho.
Lo protegen por aire y tierra
El 16 de mayo de 2018, cuando se instaló la mesa del fracasado diálogo nacional en el Seminario Nacional de Fátima, en Managua, y en medio de las protestas que exigían la salida del poder de la pareja presidencial y justicia por los asesinados en el marco de la lucha cívica, Daniel Ortega sacó a relucir el mayor aparato de seguridad que se haya visto en la historia de Nicaragua para custodiar a un mandatario y su familia.
El impresionante despliegue, según un recuento realizado con imágenes del canal 100% Noticias, incluyó, en promedio, ocho motorizados que iban al frente de la caravana presidencial, seguido de 21 patrullas, entre ellas camionetas Hilux, que transportaban como mínimo a seis oficiales y antimotines en cada una, que hacen un total de 126.
Mientras, en el cielo sobrevolaban dos helicópteros del Ejército que seguían a los cuatro lujosos Mercedes Benz que transitaban los tres kilómetros de distancia que hay entre Linda Vista y la mansión de los Ortega-Murillo.
En la entrada del punto de reunión donde los universitarios encararon a Ortega, al responsabilizarlo por los crímenes de lesa humanidad, se encontraban estacionadas seis patrullas y dos buses con antimotines, unos 100 oficiales más para resguardar a la cúpula en el poder.
Los fusiles AK-47, chalecos antibalas y pistolas formaban parte del escenario bélico que impuso el régimen en medio de la crisis. A esto, se le suma que por cada semáforo habían seis agentes destinados a regular el tránsito.
La socióloga Elvira Cuadra remarca que ahora la “Policía se ve como un factor de intimidación y de inseguridad para los ciudadanos. Hay mucho temor, sobre todo del Gobierno, por la situación que se ha generado y la animadversión y la opinión negativa que la ciudadanía tiene sobre las actuaciones del Gobierno y las decisiones que se han tomado.
A mí me parece que no tiene sentido (la excesiva seguridad), porque la sociedad nicaragüense ha demostrado que, en general, tiene una vocación pacífica, lo ha demostrado en este periodo, la mayoría de las acciones han sido cívicas y entonces no corresponde. Corresponde más bien con un temor personal de los funcionarios públicos por el nivel de responsabilidad que tienen en las acciones que se han realizado en esta crisis”.
Maradiaga sostiene que todo responde a “un patrón de reforma presupuestaria orientado a fortalecer la muralla, el anillo de protección particularmente de la familia presidencial pero también de algunas personalidades del Gobierno, es un consumo excesivamente oneroso para un país como Nicaragua”.
Recortes a sectores vitales, pero más protección para el régimen
El presupuesto aprobado para 2019 fue recortado debido a la caída que sufrieron las recaudaciones de impuestos por el cierre de negocios de forma temporal y otros de forma indefinida, así como la disminución de la inversión extranjera directa, debido a la crisis sociopolítica que vive Nicaragua.
Según datos oficiales, la economía en 2018 cayó 3.8 por ciento y las estimaciones para este 2019 de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) es que sea de entre el 7 y 11 por ciento. La situación ha dejado al menos a 400 mil personas en el desempleo.
Aunque se desconoce cómo ha venido incrementando el monto destinado a la protección de personalidades antes de 2006, pues no había una separación de los fondos para el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional, lo cierto es que pese a la debacle económica el resguardo del presidente y su círculo sigue siendo prioridad.
El mismo organigrama de la institución refleja que dentro de la jefatura nacional hay una dirección de seguridad presidencial y otra dirección de seguridad y protección de personalidades, pero tampoco especifican el porqué de esa separación si se contempla que el fondo para resguardar a los presidentes, diplomáticos y funcionarios públicos están dentro de un mismo rubro.
Este año uno de los sectores a los que más impactó el recorte fue salud. Según los datos del PGR, esa institución recibirá 14,051.9 millones de córdobas (434,72 millones de dólares), es decir, un 7.3 por ciento menos si se compara con el que percibió en el 2018, que fue de 15,158.8 millones de córdobas (488 millones de dólares).
La atención en salud se verá severamente afectadas, ya que no percibirá 420.3 millones de córdobas (13,54 millones de dólares) si se compara con el año pasado. Esta situación además de golpear a áreas sensibles es visto como un “desequilibrio”, porque en lugar de priorizar se destina más a cuidar al presidente.
Leonardo Labarca, especialista en temas presupuestarios, dice que el Gobierno debería “de priorizar los gastos en salud o educación. Todos los años hemos visto que a la hora de hacer un recorte lo primero que recortan son esos rubros. Y esto se da porque cuando se dan los recortes se hacen en programas y proyectos con fuentes externas y ese es el problema. Debería de haber un programa que se financie con rentas del Tesoro, con los ingresos que tiene el Gobierno propios y no asignarlos tanto con fuentes externas que a veces alcanzan un 10 % o 40 % de ejecución y lo que se hace es pasarlo para el siguiente año”.
Mientras Félix Maradiaga menciona que “la distribución del Presupuesto General de la República siempre ha sido un problema”. Destaca que en términos relativos de cada 100 córdobas, más de 4 córdobas se gastan en la Policía y de esos 4 córdobas, 21 centavos son para la seguridad de personalidades.
“Se interpreta como un Estado que no tiene claras sus prioridades y que básicamente ha estado focalizando la capacidad represiva del Estado, las áreas de seguridad y descuidando los otros tres gastos que son esenciales, que históricamente han sido salud, educación e infraestructura. Había un aumento interanual de gasto público de 14 por ciento. El aumento promedio a partir del 2017 bajó considerablemente a un 8 por ciento. Sin embargo, para la Policía ha habido un aumento considerablemente mayor en las áreas de defensa y seguridad, mientras que en los otros ha habido un estancamiento”.
Mientras el economista Luis Murillo asegura que “es normal que en un periodo de crisis, de carácter político, la seguridad del mandatario sea prioridad” aunque menciona que ningún recorte es apropiado en ningún momento. Esto lo que nos está haciendo es alejarnos cada vez más de las sendas del crecimiento y del desarrollo económico. Nosotros estamos atrasados con este periodo de crisis en más de una década. Si nosotros seguimos desperdiciando los recursos, prácticamente vamos a seguir retrocediendo y desde el punto de vista económico pasaremos de la etapa de una recesión a una depresión económica, es decir, moral y económicamente no es lo adecuado, pero desde el punto de vista real y político es lo que siempre se ha hecho”.
Los recortes también afectaron a educación, al programa de inversión destinado a la reducción de la pobreza e infraestructura. Según el ajuste presupuestario, a la Universidad Centroamericana (UCA) se le aplicó una disminución de 67 millones de córdobas (69 mil dólares), lo que implica menos becas para estudiantes de escasos recursos. Sin embargo, esa movida fue interpretada como un “castigo” porque esa casa de estudios fue una de las que más respaldó las protestas ciudadanas, tanto a nivel de directivos como estudiantes.
Más de 800 planes de protección para la pareja presidencial hasta el 2021
De acuerdo con el Marco Presupuestario de Mediano Plazo 2019-2022, que se ubica en el anexo 3 del PGR, se destaca que hasta el 2021 se mantendrán los 802 planes de aseguramiento y protección a la pareja presidencial. Mientras que para cuidar a los miembros de los Poderes del Estado, magistrados, diplomáticos y personajes ilustres que visten Nicaragua se subdividirán 1,560 por año.
Uno de los datos que llama la atención es que para 2017, año en que Daniel Ortega asumió nuevamente la presidencia, solo habían 51 planes dirigidos a su resguardo y ya en el 2018 lo elevaron a 802, lo que representa 15.7 veces más planes de un año a otro.
Según la fuente de financiamiento detallada en el mismo documento, para la protección de personalidades se destinan 260 millones 233 mil córdobas (8,05 millones de dólares) de las rentas del Tesoro y los otros otros 2 millones 862 mil córdobas (88.55 millones de dólares) provienen de las rentas con destino específico.
En el informe no se refleja cuál será la proyección para los próximos tres años en esta materia, a diferencia de otros programas como servicios administrativos, seguridad ciudadana y actividades centrales de la jefatura policial.
En el resumen presentado por la institución del orden, refieren que en 2018 ejecutaron 51 planes operativos especiales, “se brindó seguridad en 6,236 coberturas de actividades públicas y privadas, realizándose 51,136 revisiones técnicas”.
Con este panorama, la comandante Téllez do que mientras sigan los Ortega-Murillo en el poder seguirá existiendo una “Policía que no es una Policía Nacional que cumpla funciones de seguridad pública, seguridad vial, etcétera, es una guardia pretoriana, es una fuerza armada al servicio de una cabeza, de un emperador, de un caudillo, de un dictador, donde la función principal es proteger al dictador. Su función principal es proteger a la dictadura, reprimir a quien la dictadura odia y golpear a los enemigos que esa dictadura señala. Es una fuerza para custodiar a la familia Ortega-Murillo, para custodiar a esa familia y para golpear a los enemigos que la familia Ortega-Murillo señale como tales”.
*Con la colaboración de los periodistas Daliana Ocaña