La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIE) son algunos de los organismos que emitieron informes demoledores contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Los representantes de esas entidades llegaron a Nicaragua para conocer la situación que atraviesa el país y tras dar sus conclusiones en las que responsabilizan a la dictadura por las constantes violaciones a los derechos humanos e inclusive por crímenes de lesa humanidad fueron expulsados por la tiranía, quien intentó descalificarlos señalándolos de ser organismos financiados por los Estados Unidos, parcializados y sesgados.
En mayo de 2018, la CIDH presentó su informe preliminar tras visitar localidades como Managua, Masaya, León y Estelí. El organismo urgió al Estado “a cesar de inmediato la represión a la protesta social” y parar las detenciones arbitrarias a manifestantes, así como el respeto y garantías para el ejercicio de los derechos de los nicaragüenses. También, solicitó la creación de un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia ocurridos en el contexto de las manifestaciones.
El informe, que posteriormente fue presentado ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), resaltó que la Policía al servicio de la administración orteguista usó “fuerza potencialmente letal” para reprimir las protestas pacíficas y que además atacaron con “armas de fuego, balas de goma y gases lacrimógenos” a los ciudadanos “sin hacer uso de los protocolos para regular el uso proporcional de la fuerza, aunque la Policía tendría formación en el uso del mismo”. Igualmente, hizo un llamado al desmantelamiento de los grupos de terceros armados.
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El 29 de agosto, a la misión de OACNUDH hizo público su informe sobre el monitoreo de la crisis. Sus conclusiones no favorecían a la dictadura y el 31 de agosto la Cancillería de Nicaragua les notificó que su trabajo había acabado y que debían abandonar el país. El régimen no toleró que la ONU haya descartado el “intento de golpe de Estado”, teoría con la que el gobierno intenta envolver a sus fanáticos para apaciguar el descontento social en su contra.
La oficina del ONU culpó a la tiranía de hacer un “uso desproporcionado de la fuerza por parte la policía, que a veces se tradujo en ejecuciones extrajudiciales; desapariciones forzadas; obstrucción del acceso a la atención médica; detenciones arbitrarias o ilegales con carácter generalizado; frecuentes malos tratos y casos de torturas y violencia sexual en los centros de detención; violaciones a las libertades de reunión pacífica y expresión y la criminalización de los líderes sociales, personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y manifestantes considerados críticos con el Gobierno”.

Mientras, al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes ni siquiera se le permitió presentar el documento con su análisis sobre la crisis de Nicaragua. Los delegados del GIEI aseguraron que “se cometieron crímenes de lesa humanidad” y aducen que fueron dirigidos por el Estado, por lo cual, solicitaron “se investigue la responsabilidad en los hechos del presidente Daniel Ortega, como jefe supremo de la Policía Nacional, de quienes revistieron como Directores Generales (Aminta Granera y Francisco Díaz), los subdirectores generales Ramón Avellán y Adolfo Marenco, encargados de las áreas operativas y de inteligencia e integrantes de la Jefatura Nacional; las autoridades de las distintas Delegaciones Departamentales y Regionales; de las autoridades de la Policía de Managua, comisionados Sergio Gutiérrez, Fernando Borge y Juan Valle Valle, del Departamento de Vigilancia y Patrullaje, y el jefe de la DOEP (Dirección de Operaciones Especiales de la Policía), Justo Pastor Urbina y los jefes de las unidades especializadas que integran la DOEP, entre otros funcionarios”.
Al igual que la CIDH, Amnistía Internacional y organismos nacionales de derechos humanos culpan al régimen por la represión y piden que la justicia internacional se encargue de hacerlos pagar. Todas las organizaciones, en vista de su expulsión o el retiro de su personalidad jurídica, mantienen un monitoreo sobre la crisis, donde Ortega sigue criminalizando, secuestrando y reprimiendo.