Los oficiales de la Policía del régimen de Daniel Ortega secuestraron al joven Melvin Ulises Méndez Mendoza, de 21 años, quien caminaba en el sector de Altamira junto a otro joven, así lo revelaron los familiares de Méndez a quien detuvieron ilegalmente el 13 de abril, a eso de las 2 de la tarde.
El Cenidh informó que la presidenta de ese organismo, Vilma Núñez, conversó con la primera secretaria de la Embajada de Taiwán en Managua, Eva Wei, quien desenmascaró a la vocera gubernamental Rosario Murillo, la que atribuye el financiamiento de esas dependencias de salud en edificios robadas a Taiwán. La diplomática le detalló a Núñez que no tienen nada que ver con las casas maternas inauguradas en las instalaciones de Confidencial y del Cenidh. Wei sostuvo que la afirmación de la vicedictadora de Nicaragua «los asustó mucho».
Según la madre de Melvin, Johana del Carmen Mendoza, “los muchachos iban a comer con unas amigas cuando fueron secuestrados por la Policía”, pero ella se enteró de lo sucedido a través de las redes sociales, donde varios usuarios denunciaron el arresto arbitrario por parte de la guardia orteguista.
“Ahorita ando en “El Chipote nuevo” dejándole comida. Una oficial me aseguró que mi hijo está dentro y que supuestamente está bien, pero yo no me entero de nada, no me dicen nada, ni la razón por la que lo agarraron”, aseguró vía telefónica a Artículo 66.
Además de Melvin, se conoció que junto a él fue secuestrado otro joven del que se desconoce su identidad. De acuerdo con Johana su hijo “anduvo en las protestas, para que se lo voy a negar, pero mi hijo no es ningún delincuente, no es un delito querer una patria libre, mi hijo es trabajador, es contador y no estaba haciendo nada malo cuando lo secuestraron”.
En días anteriores, Melvin Méndez le había comentado a su madre que había recibido “amenazas de muerte y de que lo iban a agarrar y ahora estoy aquí buscándolo. Por lo menos me agarraron la comida y me dicen que está aquí”.
La guardia de Daniel Ortega no ha dejado de realizar detenciones ilegales, labores de intimidación y represión en contra de los nicaragüenses, pese a que la dictadura ya se comprometió en la mesa de negociación a respetar los derechos humanos y las libertades básicas de los manifestantes.
