La mesa de negociación entre la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la dictadura de Nicaragua, estableció como fecha final para continuar en las pláticas, hasta el próximo miércoles, tres de abril.
Azalea Solís, miembro de la Alianza Cívica declaró categóricamente que si la delegación del régimen no acepta firmar los puntos relacionados a la libertad de los presos políticos y adelanto de elecciones, “hasta ahí llegó. No hay más negociación”.
Horas antes, el canciller de la República Denis Moncada, manifestó en una entrevista televisiva que el adelanto de elecciones no es una opción para la dictadura. El exdiputado opositor Eliseo Núñez aseguró que no ve “ninguna” posibilidad de que el régimen acepte este acuerdo, lo que considera un error que dirige el país a un colapso total.
“Ortega tomó la decisión de navegar entre escombros, colapsar la economía y dejar a su partido pulverizado”, expresó el político opositor.

“Ortega tiene muy poco espacio hacia adelante, lo único que puede hacer es seguir reprimiendo, no tiene capacidad de recuperar la economía del país. Las elecciones adelantadas le daban la oportunidad de salir de la crisis y que su partido no se siguiera deteriorando, Ortega está tomando la decisión de ir a un conflicto, ojalá que no llegue a ser un conflicto armado. Decidió navegar entre escombros sin importarle la vida y el bienestar del pueblo de Nicaragua”, comentó Núñez.
Falta de acuerdo aceleraría aplicación de sanciones internacionales
El exdiplomático y analista político, Bosco Matamoros explicó que “el diálogo tiene un problema, fue muy vago, prisionero del formalismo juridicista nuestro, abunda en esto, y es muy pobre en claridad, y eso ha llevado a esta situación”. Además, aseguró que, de no llegarse a firmar los acuerdos, con toda probabilidad se aceleraría la aplicación de sanciones internacionales.

Opinión que comparte el politólogo José Antonio Peraza, quien explicó que, las sanciones se extenderán no solo a personas individuales sino también contra el país, lo que implica un escenario de mayor fractura social, económica y de desempleo para los nicaragüenses.
Peraza aseguró que en esta coyuntura existen tres temas puntuales, libertad de los presos políticos, democratización, es decir, adelanto de elecciones, y justicia; temas en los que, según él, el gobierno no ha dado muestras de interés por resolver.
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Las libertades ciudadanas serán otro tema que deberán pelear los nicaragüenses en las calles, pues los analistas tampoco ven un panorama favorable para la movilización social, la libertad de prensa y la libertad de expresión.
Sobre el gobierno de Nicaragua pesa la Nicaraguan Investment Conditionality Act, conocida como Nica Act, que permite a Estados Unidos vetar las solicitudes de préstamo que haga el régimen de Daniel Ortega en los organismos multilaterales. Además, la Ley Global Magnitsky, aplicada ya a funcionarios del entorno de Ortega.
Ademá, diputados del Parlamento Europeo aprobaron una resolución que pide sanciones individuales para los funcionarios del régimen de Daniel Ortega que son responsables de la represión que vive el país desde el 18 de abril del año pasado. Todas esas sanciones contra las principales figuras de la dictadura se intensificarán y el régimen orteguista quedará cada vez más aislado, consideran los analistas.