El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Rafael Solís señaló a través de una carta pública que se deben realizar todos los esfuerzos necesarios para lograr la participación de la Conferencia Episcopal dentro del proceso de negociación entre el gobierno y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
“En mi humilde opinión se debe reformar la Hoja de Ruta y darle a la Conferencia Episcopal el papel no solo de testigos y acompañantes, sino de Mediadores y Garantes Nacionales desde un principio, pues de lo contrario no van a participar en el mismo y la Alianza Cívica por lo tanto se debe negar a continuar en el mismo, mientras no esté la Conferencia Episcopal en ese doble papel”, argumentó el exfuncionario orteguista, en su misiva.
Los temas propuestos por el gobierno en su agenda de negociación son similares en la forma, pero distintos en el fondo a los tres temas propuestos por la Alianza según el análisis del ex magistrado, que añadió que el gobierno no quiere un diálogo “serio y responsable”.
“Todos estamos claros que con esta propuesta de Agenda, el Gobierno no quiere un Diálogo serio y responsable, sino un Diálogo hecho a su medida, ya que como dijimos antes, al menos en la Hoja de Ruta ya aprobada, se decía que el tema de los Garantes, Nacionales e Internacionales quedó para su discusión y aprobación cuando se apruebe cada uno de los temas de la agenda y me supongo que los Garantes deberán guardar una relación directa con el tema de la Agenda respectiva que se apruebe, pero ahora el Gobierno parece que se retracta y no habla siquiera en su propuesta de los Garantes (sic)”, explicó en su carta.
Solís criticó la propuesta del gobierno pues, según él, limita la libertad de los presos políticos, busca parar las sanciones internacionales e ignora la posibilidad de garantes nacionales e internacionales.
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El exmilitante sandinista propone la libertad absoluta de todos los presos políticos y el respeto a las libertades constitucionales.
“Que se logre la liberación total de los presos políticos a través de la anulación de todos los juicios, porque realmente son nulos, pero es importante que desde este primer punto se establezcan los Garantes Nacionales e Internacionales que aseguren que estos presos quedarán en libertad absoluta y que no podrán ser capturados de nuevo bajo otras excusas en el futuro”.
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Añadió que también debe dejar establecido que la Policía Nacional bajo ninguna circunstancia pueda volver a detener a estas 700 personas puestas en libertad, salvo, que pudieran cometer un delito común en el futuro y que se establezca además que ellos no quedarán bajo ninguna vigilancia policial.
Como garantes internacionales Solís sugirió a la OEA, a través de la CIDH, el MESENI y el GIEI, que ya tienen experiencia por haber estado en Nicaragua en el 2018. Los acuerdos que se aprueben deben legalizarse mediante una ley en la Asamblea Nacional firmada por el presidente de la República, propone.
En la carta, el exmagistrado, ahora en el exilio, también hace hincapié en el desarme de los paramilitares, el respeto a la libertad de expresión y movilización, la devolución de personalidades jurídicas y concluyó que “el Gobierno debe ceder en eso de la impunidad para los presos políticos ya condenados, pues de lo contrario también le daría más fuerza al argumento de la Alianza Cívica y la mayoría del pueblo nicaragüense sobre la impunidad hasta ahora de quienes fueron responsables de la muerte de más de 300 jóvenes”.
Eso es lo fundamental, no hay más hoja de ruta que las garantías constitucionales, Libertad incondicional para todos los presos políticos y de expresión y movilización, democracia adelanto de elección para este año, Reparación y No Repetición.