10 meses de impunidad, persecución y asedio en Masaya

Este miércoles, 20 de febrero, se cumplieron 10 meses de los primeros asesinatos en la ciudad de Masaya, a manos del régimen de Daniel Ortega. La dictadura reprimió a balazos las protestas en rechazo a las reformas del sistema de Seguridad Social y en menos de tres meses, solo en Masaya, asesinó a 36 personas.

Después de dos días intensos de protestas, que iniciaron el 18 de abril, cayeron las dos primeras víctimas, asesinados por policías y turbas orteguistas. La tarde del viernes 20 del mismo mes, fue abatido a tiros el adolescente José Abraham Amador, de 17 años. Un disparo en el tórax acabó con su vida en plena calle. La victima cursaba el cuarto año de secundaria en el colegio Rafaela Herrera. Amigos del occiso, informaron en esa ocasión, que fue ejecutado por un francotirador, mientras protestaba en la zona suroeste del mercado de artesanías.

La segunda víctima, fue Jairo Mauricio Hernández Uceda, de 23 años, quien era operario en la empresa de zona franca Istmo Textil. Recibió un disparo en la cabeza a manos de la policía cuando estaba protestando cerca del mercado de artesanías de Masaya. Según testigos, el joven llevaba en sus manos un tubo lanzamorteros y las bombas artesanales.

Desde el 20 de abril hasta el 17 de julio del año pasado, en Masaya, igual que el resto del país ocurrió una sangrienta embestida de los grupos armados estatales.

La Policía desenfundó armas de alto poder. Un estudio reciente presentado por el grupo de investigadores Bellingcat y otro publicado hace varias semanas por el organismo Amnistía Internacional demostraron que la policía usó al menos cinco tipos de armas de alto impacto. Con apoyo en fotos y videos del ataque a Monimbó, Bellingcat identificó a policías y paramilitares operando conjuntamente con fusiles AK 47, dragunov, lanzagranadas RPG 7 y ametralladoras.

Sin justicia

10 meses después de iniciada la rebelión y de haberse registrado los primeros muertos, las familias mantienen su reclamo de justicia. Como respuesta, la tiranía más bien desató una cacería contra las víctimas. El régimen ha encarcelado a más de 700 personas, a quienes acusa de terrorismo, mientras los policías y paramilitares que accionaron los fusiles siguen protegidos y operando bajo las órdenes de Ortega.