Era un chavalo super brillante, un chavalo muy determinado a luchar. Él estaba luchando por ser una mejor persona. No cualquier chavalo de 23 años trabaja en un taller de carpintería, estudia por las noches, trabaja los sábados y domingos como árbitro y con todas estas cosas obtener un promedio de 95 por ciento de un máximo de 100. Él era fenomenal”, así describe Francis Valdivia Machado a Franco, su hermano, a quien un francotirador le cegó la vida en Estelí, donde participaba de las protestas sociales en 2018.
Franco Alexander Valdivia Machado, de 23 años, fue asesinado la noche del 20 de abril de 2018, en el parque central de la ciudad de Estelí, frente a la Alcaldía. Estudiaba tercer año de la carrera de Derecho, y era cantante de música urbana. Ese día, según cuenta Francis, pidió permiso en su trabajo para protestar, luego de que sintiera indignado por el atropello contra los adultos mayores en León y contra la agresión que sufrió un estudiante de la Universidad Nacional Agraria, que perdió un ojo al recibir un impacto de una bala de goma, lanzada por un antimotín.
Además de músico Franco escribía poemas. Francis, su hermana, recuerda sin poder evitar las lágrimas, que el día 19 de abril, él escribió uno que para ella fue premonitorio de lo que pasó: “Aunque a mi vida días le resten seguiré diciendo verdades, cuésteme lo que me cueste. Sandino tenía un sueño y les aseguro no era este y no esperen que les reencarne un Rigoberto López Pérez…”.
La joven abogada ha debido salir al exilio, debido al asedio y las amenazas, por exigir justicia. Lo mismo ocurrió con su padre. Y es que ella, su madre y su padre, mantuvieron la determinación de denunciar el crimen de Franco, “exigir verdad y justicia y con ello realizamos todo lo que legalmente y humanamente nos fue posible. Sin embargo, con el transcurso del tiempo y las fases de la represión yo fui una de las que me vi obligada a salir del país de manera forzada para resguardarme y continuar desde aquí (el exilio) las diferentes acciones que hemos venido realizando”.
Y es que la familia Valdivia Machado logró, no sin esfuerzo y enfrentando obstáculos como la falta de recepción de la denuncia del crimen, la limpieza de las evidencias en la escena del mismo, de parte de la Policía de Estelí, que se iniciara una investigación del caso en el que también murió otro joven.
“Eso fue parte de un proceso desgastante emocionalmente porque todo eso se podía haber hecho desde un inicio, sin embargo, no existía ninguna voluntad”, recuerda Francis.
A los 13 días de ocurrido el asesinato, la familia Valdivia Machado autorizó la exhumación del cuerpo de Franco, para lo cual aportaron un especialista forense y abogado, el doctor Francisco Ortega Guzmán. “…no lo iban a hacer ellos solos, el Instituto de Medicina Legal y la Fiscalía, porque sabíamos que ellos estaban involucrados, se ve en los videos la manera organizada como actuaron el 20 de abril”.
Acceso a la justicia negado
El dictamen del Instituto de Medicina Legal sobre la autopsia nunca fue entregado a la familia. Supieron que Franco fue víctima de un francotirador por el experto independiente que la familia contrató. “Ellos tenían ocho días para entregarnos la copia del dictamen forense y es ahí donde nos cerraron las puertas por completo, el acceso a la justicia hasta ahí llegó, porque ellos no nos entregaron el dictamen forense, no nos entregaron el peritaje de balística, no nos entregaron el otro peritaje de la línea de tiro (…). Las pruebas contundentes no las entregaron, no les convenía”, expone Francis.
Expertos en derechos humanos señalan que Nicaragua vivió en 2018 y continúa viviendo, su momento más aciago. En el país se han visto violentados reiteradamente por autoridades del Estado tanto derechos civiles y políticos de los ciudadanos, establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es así, que el derecho a la vida, la presunción de inocencia, el derecho de propiedad, la libre circulación, la libertad de pensamiento y reunión, la seguridad, al trabajo, a la salud y a la educación, entre otros son de los más vulnerados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“Lo que ha hecho la CPDH (Comisión Permanente Pro Derechos Humanos) es poner en conocimiento de entes internacionales a través del proceso de entrevistas, de obtención de información a través de videos, fotografías y de otro tipo de información que nos suministraron los mismos afectados, compartir y transmitirlo para efectos de que se tuviera conocimiento y se buscara alguna alternativa en vista que a nivel interno no ha sido posible incluso poner las denuncias”, explica el Doctor Julio Montenegro, director del equipo jurídico especial de la CPDH.
Según Montenegro en muchos casos de violación a derechos humanos no se logró iniciar los procesos porque víctimas o familiares salieron del país por miedo. “Muchas de esas personas tenemos conocimiento que han migrado y por lo tanto fue prácticamente imposible que se llevaran esos procesos”.
A lo anterior se suma que ”del Ministerio Público nunca ha habido una actitud proactiva en tratar de investigar estos casos para llevarlos a un feliz término”, destaca Montenegro.
Para el jurista, “no hay artículos de principios generales que sean asumidos dentro de un Código Procesal Penal que no haya sido irrespetados. (…) si hablamos aquí por ejemplo de la presunción de inocencia, la proporcionalidad, la publicidad, los juicios orales y públicos, es decir tenemos una situación de un manejo inadecuado de lo que son los procedimientos. Los derechos y garantías han sido violentados, consideramos nosotros, de manera general y total”.
Verdad y justicia sin venganza
Franco Valdivia fue una de las 325 víctimas mortales de la violencia que aconteció en Nicaragua desde el 18 de abril, según el último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que fue expulsado por el Gobierno junto al Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), que registró en el período de análisis -del 18 de abril al 30 de mayo de 2018-, al menos 109 ciudadanos asesinados, más de 1,400 heridos y más de 690 detenidos por participar en las protestas.
Hasta la fecha, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmó además más de tres mil heridos, decenas de desaparecidos, más de 600 presos políticos y alrededor de 60,000 exiliados por la persecución política en Nicaragua.
Francis Valdivia dice que como familia “esperamos conocer la verdad. Creo que la verdad de alguna manera va a venir a dar alivio, de alguna manera saber, conocer quién fue el que disparó, así mismo, quiénes fueron los que lo arrastraron por una cuadra completa, quienes lo fueron a tirar al hospital. Conocer esa verdad, eso es lo que esperamos. Pero una verdad acompañada de justicia. Y cuando me refiero a justicia no es una justicia con venganza”.
En este sentido, el abogado Julio Montenegro sostiene que como defensores de derechos humanos demandan que se cumpla el acceso a la justicia en casos de violación a los derechos de los nicaragüenses. “Aquí no tiene que ver apellido ni con partido, ni con credo, es decir la persona que haya recurrido en algún tipo de situación irregular que lesione el derecho a la vida, como bien jurídico, que lesiona la integridad corporal, el patrimonio o cualquier otro bien jurídico tiene que responder ante la ley”.
Prohibido salvar vidas
El estudiante el colegio jesuita Loyola, Álvaro Conrado decidió sumarse a las protestas estudiantiles en la estatal Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). El día anterior consultó a sus padres, su opinión sobre la medida tomada por el gobierno de aumentar la cotización al seguro social de los trabajadores de 6.25% a 7%, así como de gravar las pensiones de los jubilados en un 5%.
Álvaro llegó a la UNI donde los estudiantes protestaban bajo una lluvia de bombas lacrimógenas y bala viva. Como era ágil y rápido su trabajo consistió en entrar a la zona de peligro y pasar agua y bicarbonato a los estudiantes, en el primer anillo de seguridad, para contrarrestar los efectos de los gases lacrimógenos y volver a buscar más agua. Un disparo alcanzó su cuello y no logró salir por si solo, sino auxiliado por otros estudiantes que hicieron un periplo por hospitales donde le negaron la atención. Luego se conoció que había una orientación de la ministra de Salud, Sonia Castro de no atender heridos en las protestas. Era viernes 20 de abril cuando Álvaro Conrado, el niño que quiso ser policía o bombero para ayudar a la gente, falleció.
“Cuando viene la crisis del 18 de abril que es cuando explota una serie de acontecimientos en el país resulta que empiezan a haber heridos y muertos nos motivó a los médicos el hecho que los estudiantes de medicina -de universidades privadas como la UAM y la Upoli- fueron los que se volcaron a brindarle atención a los heridos…” recuerda el doctor José Luis Borge, directivo de la Unidad Médica Nicaragüense.
Borge señala que sumado al ejemplo de estudiantes de medicina se da la prohibición de la atención a los heridos en hospitales y unidades de salud, expulsaron médicos y a estudiantes, como fue el caso de León donde “la ministra de salud y la directora del hospital prácticamente cerraron la puerta, ellas personalmente estuvieron ahí”, los médicos formaron en universidades y en algunas casas clandestinas clínicas populares que equiparon con sus propios materiales, para estabilizar a los heridos y llevarlos a los hospitales que si los admitían, el Vivian Pellas y el Bautista.
Borge refiere que los médicos del Hospital Lenín Fonseca, reaccionaron ante la denuncia en contra de un neurocirujano que funcionaba como operador político del FSLN, orientó dejar morir a un paciente, y exigieron a la entonces directora les permitiera atender a los heridos que llegaran al centro hospitalario y tomara acciones contra el médico en cuestión.
Despedidos por “opositores”
El resultado fue la suspensión de la directora y que los médicos que reclamaron fueran puestos en una lista en donde se les acusaba de “golpistas, que apoyábamos al terrorismo y otra serie de cosas, todo por el hecho de ejercer nuestro derecho de brindar atención a los heridos en las protestas”, narra Borge, quien fue despedido el 3 de agosto de 2018, utilizando una supuesta queja de un paciente por mala atención.
Usando casi el mismo argumento fueron despedidos del sistema de salud del país 318 trabajadores, de estos 244 médicos especialistas. Los despidos de especialistas, que no han sido repuestos en las unidades de salud, han causado impactos en la atención a la salud de los nicaragüenses, al prolongar las listas de espera para consulta con especialidades y para cirugías hasta en 14 meses, perder brigadas internacionales de salud, donativos de equipamiento, capacitación, entre otros.
Borge exigió su reintegro ante la violación de la Ley de Carrera Sanitaria, el convenio colectivo del Ministerio de Salud y la Ley de Servicio Civil, pero la juez laboral, aunque reconoció que se violentaron los procedimientos legales en su despido, declaró que los médicos ocupan cargos de confianza, y no fue reintegrado a sus labores. El caso sigue estancado en apelación.
Para Borge, la progubernamental Federación de Trabajadores de la Salud, afiliado al sandinista Frente Nacional de los Trabajadores, no actúa como un sindicato gremial, y al contrario desde antes de la crisis de abril funcionaba como “una especie de espía dentro de las instituciones de salud y entonces empiezan a supervisar a todo el personal de salud que con su libertad de expresión empieza a expresar opiniones contrarias al gobierno, entonces se vuelve en una especie de seguridad del Estado, detectar a opositores y posteriormente despedirlos”.
Esta politización del sistema de salud ha permitido, según Borge, que se admita por razones políticas y sin mayores requisitos a médicos que no rinden académicamente, impactando en la calidad de la atención, así mismo denuncia la manipulación de las estadísticas de salud y la prohibición de recetar los medicamentos que necesitan los pacientes.
Traicionaron los ideales revolucionarios
La denuncia de hechos como lo anteriores, han costado acoso, persecución y cárcel para el periodismo independiente. Los periodistas Miguel Mora, director de 100% Noticias y su jefa de prensa Lucía Pineda Ubau, fueron detenidos ilegalmente el 21 de diciembre de 2018. Pasaron más de 31 días básicamente desaparecidos, sin contacto con su familia. Su delito: informar.
Para Alejandro Ubau, tío de Lucía Pineda Ubau, quien tiene doble nacionalidad, nicaragüense y costarricense, los cargos que le imputan a su sobrina (incitar actos terroristas y promover el odio) “son absurdos, los cargos son hasta ridículos y llegan a ser hasta risibles”. Asimismo califica el juicio que se le lleva como “alejado completamente de los debidos procesos y viciado”.
Señala que como familia continuarán incidiendo a nivel internacional para exigir la libertad de los comunicadores y de los presos políticos en Nicaragua.
“Es poner en evidencia lo que el derecho asiste, lo que el derecho humano a la libertad de publicación, a la libertad de comunicación, a la libertad de pensamiento, a la libertad de expresión. La comunidad internacional tiene que salir al paso de rescatar y de visibilizar la falta de esas libertades”, sostiene Ubau.
“(…) hay más de 600 familias que tienen prisioneros políticos a los que les han cercenado sus derechos humanos más elementales y un país que limita los derechos humanos no es un país que tiene que ser sometido al escrutinio internacional sobre todo como país ha suscrito los convenios los protocolos y los tratados internacionales que tiene que ver con Derechos Humanos”, expresa Ubau.
Para Ubau el gobierno encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo ha traicionado los ideales fundadores del partido. “Un revolucionario no secuestra, un revolucionario no asesina jóvenes, un revolucionario no irrespeta la autonomía universitaria, un revolucionario no destruye la autonomía municipal, un revolucionario no secuestra al Poder Judicial, un revolucionario no mediatiza ni neutraliza la fuerza pública, ejército y policía que son de carácter nacional, para convertirlos en guardia pretoriana de una familia”.
Sin derecho a protestar
Cuando Ana Quirós acudió al plantón en Camino de Oriente, el 18 de abril de 2018, jamás imaginó que el régimen actuara con tanta violencia en contra de los manifestantes. Ese día Quirós, directora del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS) fue agredida por turbas, que a punta de tubazos le rajaron la cabeza y fracturaron su muñeca derecha y dos dedos, al intentar protegerse.
Está a espera de la tercera cirugía para recuperar la movilidad de sus dedos, que nuevamente fueron lesionados cuando la Dirección de Migración y Extranjería decidió quitarle la nacionalidad y posteriormente fue trasladada esposada hasta la frontera de Peñas Blancas cuando el gobierno de Daniel Ortega decidió expulsarla del país.
Para Quirós lo ocurrido ese día en Camino de Oriente, “fue un quitarse la careta porque si bien había asesinatos en el campo, eso no se había dado en la ciudad, como se dio a partir del 18 de abril”.
Quirós intentó en tres ocasiones denunciar ante el Ministerio Público la agresión de la que fue objeto, pero nunca logró ser atendida por la Fiscalía.
Quirós, de 62 años, con 40 años residiendo en Nicaragua y 21 ostentando la nacionalidad nicaragüense confía en que algún día en Nicaragua se logre obtener justicia “en contra de quienes me golpeados y en contra de quienes los mandaron a golpearme, así como en contra de tanto asesinato, tanta tortura, tanta prisión injustificada como la que hemos vivido estos meses en Nicaragua”.
Tras haber sido citada por la Dirección de Migración y Extranjería donde le comunicaron la revocación de su nacionalidad, Quirós fue trasladada a El Chipote. Iban nueve vehículos escoltando el microbús en el que era trasladada. “Yo dije francamente el miedo que me tiene esta gente es monumental”.
En El Chipote pudo ver a algunas detenidas que se encuentran en condiciones de insalubridad. Mientras estuvo ahí pidió hablar con las autoridades costarricenses, “porque evidentemente las autoridades nicaragüenses no son capaces de proteger a sus ciudadanos”, pero nunca obtuvo respuesta.
Tras forzarla, bajo la presión del cañón, a poner sus huellas digitales y firmar la decisión de expulsión del país, Quirós relata que fue llevada hacia la frontera de Peñas Blancas tal cual si se tratara de el Chapo Guzmán nica, escoltada por varios vehículos de la policía. En Nindirí fue obligada a quitarse la camiseta y la gorra que decían Nicaragua. “Durante todo el camino me iban diciendo golpista, golpista”.
“Me quisieron llevar esposada hasta el lado de Costa Rica pero en cuanto yo salí del microbús levanté mis manos y empecé a gritar, ´miren como me temen´. Levanté las manos y decía `le tienen miedo a mis manos, le tienen miedo a mi lengua, a mi voz´ y entonces rápidamente me quitaron las esposas”, recuerda Quirós.
“Migración no tenía ninguna autoridad sobre mi persona porque soy ciudadana nicaragüense y violentaron mi derecho al debido proceso, violentaron mi derecho a la defensa, violentaron mi derecho al libre tránsito y en ningún momento dieron ninguna explicación ni una justificación ni una fundamentación legal para anular mi nacionalidad y menos para expulsarme del país”, aseguró Quirós.
