Rosa Amanda Cruz es una de las primeras madres nicaragüenses que sufrió el dolor de perder a su hijo a causa de la brutal represión del régimen orteguista. Después de 18 años de trabajar en Estados Unidos indocumentada, regresó en abril pasado a recibir el cuerpo sin vida de Michael Humberto Cruz.
La noticia conmovió al país cuando entre lágrimas y gritos frente al ataúd de su hijo reprochaba de manera desgarradora el asesinato de Michael.
Michael Cruz, de 29 años, fue asesinado de un disparo en el corazón el 20 de abril de 2018, dos días después de que iniciara la rebelión cívica en contra del gobierno de Daniel Ortega. El joven se había unido a las protestas contra las reformas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) desde la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), uno de los bastiones de lucha más fuertes de la capital.
Según sus familiares, Cruz era comerciante y etudiaba un posgrado en dicha casa de estudios. “A mi hijo le dispararon con una AK-47 en su corazón. Él no merecía morir así, porque era una buena persona y le truncaron sus sueños de salir adelante con su propio trabajo”, declaró la madre, en una entrevista publicada por La Prensa el 22 de abril.
Asilo político
Tras la muerte de su hijo, Rosa Cruz se unió a las marchas contra la dictadura de los Ortega-Murillo. Sin embargo, decidió regresar a Estados Unidos para entregarse a las autoridades migratorias, quienes el pasado seis de enero, le notificaron que el gobierno le concedía asilo político.
Desde que inició la mayor crisis sociopolítica en abril, muchas familias víctimas del régimen han solicitado asilo a varios países. Sin embargo, en la historia de Nicaragua bajo la dictadura de Ortega, Cruz es la primera persona en Estados unidos en ser beneficiada.
Según los organismos de derechos humanos nacionales hay más de 500 asesinatos, de los cuales ninguno ha sido investigado por la Policía orteguista; pero los han justificado asegurando que estos eran “terroristas”, “golpistas” y “delincuentes”.
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El reciente informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), señaló que las protestas pacíficas del pueblo nicaragüense fueron atacadas por la Policía orteguista en conjunto con paramilitares, que tenían en su poder armas de guerra como el Dragunov y AK-47.
Cruz, junto a las autodenominadas “Madres de abril”, sigue demandando justicia por los asesinatos de sus hijos y la libertad para los que han sido encarcelados por exigir sus derechos ante el régimen de Ortega.
