Luego de que se conociera la decisión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de «suspender temporalmente» la presencia del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) y de expirar el plazo de la misión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI); la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado donde lamenta que la dictadura de los Ortega-Murillo expulsara súbitamente a esa misión del país.
En el comunicado, afirman que el MESENI va a continuar monitoreando desde su sede en Washington D.C y en contacto con los organismos de derechos humanos. Asimismo, el GIEI informó que en los próximos días brindarán su informe final.
Según los miembros del GIEI, uno de los principales alegatos por los que decidieron dar por finalizada la misión fue una supuesta comunicación que no fue contestada por este grupo de experto, lo cual ellos negaron categóricamente y tildaron esta aseveración de «falsa» y calificaron la reunión de hoy en la Cancillería como sin sentido.
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«La decisión de expulsar al GIEI es unilateral, no se hizo en consulta con las partes. Sostuvimos dos reuniones con el gobierno al inicio de nuestro mandato, a partir de ahí no nos han abierto la puerta pese a las varias comunicaciones y le hemos solicitado en reiteradas ocasiones reuniones, hemos hecho nuestro trabajo de manera transparente», expresó visiblemente molesto Amérigo Incalcaterra, miembro del grupo de expertos internacionales.
Igualmente, resaltan que no cumplieron con los tiempos acordados, no dieron acceso a información básica y ni siquiera pudieron hablar con familiares de los policías asesinados, petición que realizaron a las autoridades, pero estos nunca contestaron las comunicaciones.
«Intentamos todo el tiempo trabajar y si no hubo un trabajo en conjunto fue porque el Gobierno no quiso. Hicimos un trabajo de puertas abiertas», finalizó Pablo Parenti.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el GIEI informarán en las próximas horas como darán a conocer el informe final que prepararon donde observaron por casi 6 meses la situación de los derechos humanos en Nicaragua.