Ante la respuesta negativa que dio la Policía orteguista a la petición de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) y un grupo de representantes del Movimiento Feminista de Nicaragua para autorizar una marcha para el domingo, 25 de noviembre, esta organización desmintió las afirmaciones del órgano represor del régimen de que la manifestación que estaba prevista era para realizar actos vandálicos y de terrorismo.
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«Es absolutamente falso que la marcha tuviera como propósito promover actos vandálicos y de terrorismo para afectar a las familias nicaragüenses. La carta que se entregó a la policía claramente dice que se trata de una marcha en el contexto de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, y pedir la libertad de los presos políticos».
La Unidad Nacional también señala que claramente dicha carta era de solicitud de permiso y no solo un anuncio de manifestación a como dijo la Policía. En su respuesta a la misiva de los autoconvocados; la Policía sostuvo que este grupo no poseía personería jurídica por lo que no podían otorgar dicho permiso, la unidad rechazó este señalamiento, ya que «es equivocado sostener que se requiere personalidad jurídica para ejercer el derecho a la manifestación pacífica. Este derecho lo tienen todos los ciudadanos y ciudadanas de conformidad con el Artículo 54 de la Constitución Política de la República».
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Finalmente, los representantes de la sociedad civil anunciaron que postergarán la marcha por motivos de seguridad y señalaron que la Policía en los departamentos de Matagalpa y Nueva Segovia también prohibió la realización de actividades conmemorativas del Día Internacional de Lucha Contra la Violencia hacia las Mujeres y «amenazaron a las organizaciones de mujeres con apresarlas si decidían continuar con las actividades planificadas y previamente notificadas y recibidas por las delegaciones policiales».
