La Oficina del Alto Comisionado de las Nacionales Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), pese a no estar presente en territorio nacional ya que fue expulsada por el régimen orteguista el 31 de agosto dio a conocer una actualización de su informe sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua. La OACNUDH ha estado recibiendo continuamente información sobre la situación en Nicaragua, denuncias y ha realizado entrevistas con víctimas y testigos que han salido del país y señalan que ante este tipo de agresiones han informado al régimen orteguista de estos casos, pero no han recibido respuesta alguna.
«La OACNUDH trasmitió las denuncias al Gobierno de Nicaragua, al que se le solicitó información de los casos y recomendó medidas oportunas. En el momento de finalizar este boletín, el Gobierno no proporcionó ninguna respuesta a las solicitudes de la OACNUDH».
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El informe también revela que al menos 150 personas han sido detenidas ilegalmente en todo el mes pasado y que la mayoría están siendo procesados en los tribunales orteguistas y señalan que al mismo tiempo, «no se tiene conocimiento de ningún proceso judicial contra autoridades del Estado u otros actores responsables de violaciones de derechos humanos o abusos en contra de manifestantes en los meses pasados».
En dicho informe el organismo internacional señala que el régimen orteguista no asistió a una audiencia donde se ha tocado el tema de la situación de los derechos humanos en Nicaragua y la grave crisis que vive el país desde el 18 de abril.
«El 2 de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una audiencia sobre la situación de los defensores de derechos humanos, represión y violencia durante las protestas en Nicaragua, a la que no asistieron representantes del Estado de Nicaragua».
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El informe desgrana todas las reiteradas violaciones a los derechos humanos que el orteguismo sigue perpetrando contra los nicaragüenses, especialmente contra los medios de comunicación independientes, violaciones a la libertad de expresión y prensa, hostigamiento contra las voces disidentes, contra los defensores de derechos humanos, líderes sociales y políticos y miembros de la Iglesia Católica.