El régimen de Daniel Ortega continúa la persecución de los ciudadanos que se siguen manifestando en contra de su dictadura. La noche del lunes, 19 de noviembre fueron detenidos en el departamento de Madriz los ciudadanos Gonzalo Cáceres, presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua (CANATUR), en el departamento de Somoto, y la ciudadana Ana Cecilia Hooker quien con un grupo de personas realizaron un plantón en conmemoración de los siete meses del inicio de las protestas de abril.
Luego de la detención ilegal, CANATUR denunció «esta nueva arbitrariedad contra los ciudadanos nicaragüenses que ejercen su derecho a la libre expresión tal como lo establece nuestra Constitución Política y demandamos con firmeza la inmediata liberación de Gonzalo Hernández y Ana Cecilia Hooke».
«Estamos buscando información y preguntando para saber si ambos fueron llevado a El Chipote en Managua».
Artículo 66 se comunicó con la señora Isabel Lazo Bermúdez hermana de Ana Cecilia quien confirmó que tanto Hooker como Cáceres fueron trasladados a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), pero debido a que está bajo vigilancia policial Isabel lazo no pudo viajar a Managua.
«Tengo a tres agentes de inteligencia vestidos de civil en la cuadra, uno está frente a la casa, y los otros dos están en cada esquina de mi cuadra. Una policía que conozco de la universidad me lo confirmó», aseguró Lazo Bermúdez quien teme ser secuestrada por paramilitares o agentes de policía.
La Cámara de Comercio finalizó su comunicado refiriendo que este tipo de situaciones «que desde abril se suceden con frecuencia, destruyen la posibilidad de establecer el necesario clima de confianza que restaure la paz y la estabilidad que el país necesita».
El pasado 18 de noviembre se cumplieron siete meses desde que iniciaron las protestas de abril, que fueron originadas por un intento del régimen orteguista de reformar la ley de seguridad social, estas reformas afectarían a los cotizantes, empleadores y pensionados. Las protestas fueron salvajemente atacadas por la policía y grupos paramilitares que dejaron, según organismo de derechos humanos, entre 300 y 500 víctimas mortales y más de 500 presos políticos.
