La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en un comunicado de prensa publicado ayer 31 de agosto, lamentó «la decisión del Estado de Nicaragua de dar por concluida la invitación hecha a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (OACNUDH) y su visita en el país».
El pasado 30 de agosto el Ministerio de Relaciones Exteriores envió una carta a la comisión de la ONU que desde finales de junio estaba trabajando en Nicaragua observando la situación del país. En dicha misiva le notificaban al representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas que ya que en el país se habían retirado los tranques, los cuales fueron levantados por grupos de paramilitares a costa de sangre y fuego, entonces daban por finalizada la invitación a la OACNUDH y debían retirarse del país.
La CIDH aconsejó a la dictadura orteguista en su informe «Graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de las protestas sociales en Nicaragua», que debería de «mantener la apertura al escrutinio internacional y, en ese sentido, facilitar la visita de todos aquellos mecanismos de protección de derechos humanos del Sistema Interamericano y de Naciones Unidas, así como de otros actores relevantes de la comunidad internacional».
La CIDH anunció en su nota de prensa que continuará trabajando de manera articulada con la OACNUDH en el monitoreo y promoción de derechos humanos, y aseguró que «renueva su compromiso de continuar su labor de seguimiento de sus recomendaciones al Estado de Nicaragua y el monitoreo de la situación de derechos humanos en ese país de conformidad con su mandato».
Reacciona el Ministerio de Relaciones Exteriores peruano
En un Comunicado Conjunto del Grupo de Trabajo para Nicaragua del Consejo Permanente de la OEA y el Secretario General de la OEA, emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, informaban que dichos instancias se «comprometen a cooperar entre sí, cada uno dentro de sus respectivas competencias, aplicando todos los componentes pertinentes del sistema interamericano, para avanzar hacia un enfoque coherente y efectivo que permita lograr un dialogo inclusivo y útil en Nicaragua lo más pronto posible».
De igual manera expresaron su total apoyo activo al Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) y al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), y a los departamentos pertinentes de la Secretaría General de la OEA.
En el comunicado conjunto Instan a Daniel Ortega y Rosario Murillo a respetar los acuerdos alcanzados con los mecanismos mencionados anteriormente, y facilitar la recopilación de información oficial de las instituciones gubernamentales necesaria para su trabajo y facilitar el acceso a los centros de detención, a fin de monitorear la situación de detenidos en el contexto de las recientes manifestaciones. Estos acuerdos según el GIEI no se han cumplido, ya que apenas y han recibido información solicitada a las instituciones correspondientes.
El Grupo de Trabajo también expresó su preocupación por la decisión del régimen de Daniel Ortega, de expulsar a la comisión de la OEA.
«Expresamos nuestra profunda preocupación por la decisión del Gobierno de Nicaragua de retirar la invitación a la Oficina Regional para América Central de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para acompañar a la Comisión de Verificación y Seguridad establecida en el marco del Diálogo Nacional, y dar por finalizada su visita».
Informados de las trabas que Ortega ha puesto a estos mecanismos de trabajo, el comunicado finaliza, solicitando la eliminación de los obstáculos que enfrentan el MESENI, como el GIEI, a fin de ejecutar sus respectivos mandatos, y el regreso a Nicaragua de los Representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos.
«Instamos al Gobierno de Nicaragua a que aproveche los buenos oficios disponibles y busque un resultado positivo y constructivo en esta coyuntura crítica. Reiteramos la voluntad de trabajar para garantizar un diálogo sincero, constructivo y útil en Nicaragua que permita una solución pacífica y sostenible a la grave situación que existe en ese país».
