La Unión Europea (UE) ha suspendido la cooperación policial con Nicaragua tras la represión de las protestas contra el régimen de Daniel Ortega que ha dejado un saldo mayor a las 400 personas asesinadas, informó el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.
La Unión Europea lanzó en octubre de 2013 un programa de cooperación con la hoy policía orteguista, para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, dotado con 10 millones de euros, de los que ocho fueron financiados por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Ante esta decisión el proyecto no va ser prorrogado y los 3,5 millones que estaban pendientes de ejecutar deberán devolverse a los fondos comunitarios.
Las declaraciones las brindó durante una conferencia de prensa junto al presidente costarricense, Carlos Alvarado, en la que Sánchez fue consultado si España mantendría la ayuda para las fuerzas de seguridad.
Nicaragua es uno de los primeros beneficiarios de la cooperación española, con 218 millones de euros en el trienio 2015-17. También ha sido uno de los mejores clientes del material policial español, con 1,5 millones en 2016.
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Preocupa situación violatoria de derechos humanos
El presidente español expresó su “extraordinaria preocupación” por la situación en Nicaragua, pero ha defendido mantener la cooperación española (Holanda y Luxemburgo la han suspendido) porque esta tiene por destinatario al pueblo nicaragüense y no al Gobierno.
“Vemos con extraordinaria preocupación lo que está ocurriendo en Nicaragua, nuestro compromiso es no tanto pensar en el régimen, sino en los nicaragüenses. En ese sentido, nosotros y nuestra voluntad es continuar con la cooperación en Nicaragua”, dijo Sánchez.
Agregó que para España, “el error sería precisamente olvidarnos de aquellos que están sufriendo la represión del régimen (de Daniel Ortega) Y por tanto nosotros vamos a continuar con esa cooperación”.
El 25 de junio la Embajada de Estados Unidos en Managua solicitó a la Policía de Nicaragua que devolviera o pagara una flota de vehículos que Washington había donado para que la institución pudiera desarrollar sus trabajos de patrullaje. Estados Unidos alegó que esos vehículos habían sido usados por oficiales de la Policía y “fuerzas irregulares” para reprimir las manifestaciones que exigen el fin del Gobierno del presidente Daniel Ortega.
