Un “cese inmediato de toda agresión física, intimidación y amenaza generada por grupos violentos, parapoliciales y paramilitares identificado con el gobierno, así como ciber militantes que actúan para difamar e insultar a periodistas independientes”, es la demanda de la misión conjunta de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y Reporteros Sin Fronteras (RSF), quienes visitaron Nicaragua para conocer la situación de la libertad de prensa en el país.
Gustavo Mohme, presidente de la SIP, exhortó a las autoridades gubernamentales a dejar trabajar a la prensa independiente para “que sigan comunicando para que la sociedad se informe, se empodere, tome sus decisiones y vea el rumbo de este país”.
Entre el 18 de abril y julio de 2018, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro contabilizaba 195 casos de violaciones al derecho a la libertad de expresión en Nicaragua. Entre los hechos destacan el asesinato del periodista Ángel Gahona, 44 agresiones, 41 amenazas y 23 ataques, entre otros.
Ley antiterrorista amenaza a periodistas
Para Mohme, la ‘Ley Antiterrorismo’, aprobada el pasado 16 de julio por la Asamblea Nacional, es una clara amenaza para los periodistas, pues trata de crear un aparataje legal para los comunicadores.
“Hay una agresión permanente, hay una criminalización, hay una campaña de difamación a través de redes sociales contra periodistas y sobretodo acaban de crear una ley antiterrorismo que es una clara amenaza para los periodistas porque a partir de ahí no hay ninguna garantía de parte del Gobierno para protegerlos”, expresó durante la conferencia de prensa.
La “Ley contra el Lavado de Activos, la Financiación al Terrorismo y a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”, castiga hasta con 20 años de prisión a quien mate o lesione a una persona que no participa en una situación de conflicto armado, ocasione daños a bienes públicos y privados, o pretenda a como lo indica la ley “alterar el orden constitucional” u obligar a un Gobierno a realizar un acto o abstenerse de hacerlo.
La ley, que fue aprobada durante una sesión extraordinaria con 70 votos a favor de la mayoría sandinista, fue propuesta por el presidente Daniel Ortega al Legislativo el pasado 4 de abril y fue aprobada en medio de la crisis sociopolítica de Nicaragua, originada por protestas contra el Gobierno, y que este hoy describe como actos terroristas.
Noticia relacionada: El abril negro para la libertad de prensa en Nicaragua
Política de comunicación unidireccional
Emmanuel Colombié, director regional de América Latina de Reporteros sin Fronteras, lamentó la “política de comunicación de un discurso único y de propaganda que incluye campañas masivas de desinformación a través de medios de comunicación”.
También criticaron la cultura de “secreto permanente” o mejor conocida como la estrategia de “comunicación incontaminada” liderada por la vicepresidenta Rosario Murillo, quien dirige mensajes desde los cinco canales de televisión familiares y varias radios que tienen bajo su control desde 2007 cuando Ortega retornó al poder.
“Lamentamos la cultura de secreto permanente sobre información oficial violatoria de la Ley de acceso a la información pública mediante la cual el presidente y sus funcionarios rehúyen el contacto con la prensa”, apuntó.
Noticia relacionada: Periodistas independientes exigen respeto a la libertad de prensa
La SIP y RSF coincidieron que la libertad de prensa se encuentra bajo un claro acoso en Nicaragua, por parte de las autoridades del Gobierno, en quienes recae la responsabilidad política y jurídica por todo tipo de agresión a periodistas y medios de comunicación.
