“Hay gobiernos que han perdido toda legitimidad, su carácter dictatorial hace impensable el derecho a la vida, a la libertad, la seguridad y los derechos sexuales y reproductivos”, refirió María Teresa Blandón, del Movimiento Feminista de Nicaragua en alusión a la situación que vive el país después de más de tres meses de crisis, periodo en el que se registra la muerte de al menos 317 ciudadanos a manos de fuerzas policiales y grupos paramilitares financiados por el Estado.
La violencia sistemática que enfrenta Nicaragua desde el 18 de abril, cuando iniciaron las protestas contra del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, es uno de los temas que marcó el Foro de Sociedad Civil previo a la apertura de la III Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y El Caribe, en Lima, Perú; que se realiza entre el 7 y el 9 de agosto.
Sin embargo, los atropellos a los derechos humanos forman parte de las prácticas de muchos de los gobiernos en América Latina y El Caribe, realidad que quedó expuesta en el Foro de Sociedad Civil.
Las organizaciones centraron el debate en torno a la ausencia de Estados laicos, el fundamentalismo religioso como fuerza que se opone a los derechos sexuales y reproductivos, el incremento de los femicidios, así como la fragilidad de las democracias en alusión a la situación que se vive en países centroamericanos como Nicaragua y Honduras.
Durante el evento, los países de la región darán seguimiento a la implementación del Consenso de Montevideo, el acuerdo intergubernamental más importante en materia de población y desarrollo adoptado en el año 2013.
Gobiernos que se declaran de izquierda
La precaria situación que se vive en Venezuela, El Salvador, México y más recientemente la crisis sociopolítica en Nicaragua, es para las organizaciones una clara evidencia que los gobiernos que se declaran de izquierda no son garantía de respeto para los derechos humanos.
El Foro de Sociedad Civil leyó una Declaración que entre otros aspectos reclama voluntad política y recursos para la efectiva implementación del Consenso de Montevideo como centro del desarrollo sostenible.
La sociedad civil de América Latina y El Caribe no solo interpela a los gobiernos frente al deterioro de los sistemas políticos y judiciales y una política anti derechos, sino también ante la presentación de informes maquillados y hasta la ausencia de los mismos.