Josefa Muñoz es madre de Josué y Róger Arias Muñoz, de 23 y 19 años, respectivamente. Ambos fueron detenidos por paramilitares del régimen de Ortega mientras se trasladaban a sus centros de trabajo, el pasado 17 de julio. Los arrestaron en su barrio, el 26 de febrero, en el departamento de Masaya.
Desde entonces Josefa Muñoz ya no come ni duerme tranquila. “El error de mis hijos fue correrse al ver a los paramilitares. Se metieron a una casa en carrera y los hombres armados le dijeron a la gente que ´si usted no me los saca, yo los saco y me los llevo a ustedes´. No podría decir si me los golpearon o no, pero se los llevaron”.
El caso de los hermanos Arias Muñoz forma parte de las más de 1 250 detenciones ilegales que se han registrado en Nicaragua, según los datos de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH). Esas detenciones se han registrado en el marco de las protestas en contra del régimen sandinista que iniciaron el 18 de abril. De ese total, los defensores de la CPDH contabilizan que entre 120 y 132 casos fueron acusados por la Fiscalía y remitidos a juicio. Los delitos en los que se implican a los procesados, en su mayoría, son “terrorismo, entorpecimiento de los servicios públicos, uso de armas restringidas, portación ilegal de armas, secuestro extorsivo, robo agravado y algunas relacionadas con el uso ilícito de estupefacientes”, detalló Julio Montenegro, abogado y exfiscal del Ministerio Público de Nicaragua, quien además aseguró que estas causas demuestran que el Estado “está criminalizando las protestas sociales”.
En el caso de Josué y Róger Arias Muñoz fueron detenidos mientras se trasladaban a la panadería donde laboraban en El Valle, Masaya. Posteriormente, fueron llevados por la fuerza, en los vehículos en los que se trasladaban los grupos paramilitares, hacia las celdas de la estación policial de ese departamento, donde pasaron ocho días, según el testimonio de su madre Josefa Muñoz.
Este tipo de detenciones por grupos paramilitares “son arbitrarias porque ninguno ha sido realizada por las autoridades competentes. La detención también es ilegal porque no se agarra a nadie, popularmente hablando, con las manos en la masa, además, se detiene a las personas sin una orden judicial”, explicó el abogado Giovany Silva, de la Asociación Nacional de Abogados, la cual, desde hace tres meses dan acompañamiento legal a las madres que demandan libertad para sus hijos.
Muñoz es madre soltera y crio a sus hijos con el dinero que se ganaba lavando, planchando y limpiando casas ajenas, es por ello, que sostiene que sus hijos no tuvieron mal ejemplo y son hombres trabajadores. “Yo meto las manos al fuego por mis dos hijos. Ellos no son criminales, ellos no han matado a nadie, ellos son trabajadores”, recalcó la madre, evidentemente afectada.
Los jóvenes Róger y Josué fueron trasladados, el pasado 25 de julio, de las celdas de la estación policial de Masaya, a cargo del comisionado Ramón Avellán, hacia Auxilio Judicial, pese a que a su madre le habían dado falsas esperanzas de que los liberarían.
“Yo preguntaba en la Policía de Masaya, pero nada me decían. Algunas veces que saldrían libres, hasta que me di cuenta que ya al siguiente día los iban a trasladar a Managua. La Policía juega con los sentimientos de uno”, aseguró la madre de los jóvenes Arias Muñoz.
El abogado Montenegro refiere que las ilegalidades empiezan con “los mecanismos de información a los familiares, porque les dicen que ´no están sus familiares o que sí están, les dicen que van a quedar libres cuando sus hijos están siendo remitidos a los juzgados y tampoco se les avisa si son trasladados al Sistema Penitenciario”.
Desde que los jóvenes Arias Muñoz fueron trasladados a las celdas de Auxilio Judicial, mejor conocido como El Chipote, Josefa Muñoz empezó a ver cómo hacia para venir a Managua, pues sus ingresos habían mermado, ya que ya no salía a trabajar por estar pendiente de la situación de sus hijos. Hasta el 28 de julio, pudo llegar a El Chipote. “Viajé al Chipote hasta el sábado porque no tenía dinero, hasta que no vendiera mis anillos no podía viajar a Managua porque soy pobre. Ahora que ni ellos ni yo estamos trabajando me estoy empeñando con Reymundo y todo el mundo”, explicó Josefa, quien se ve físicamente desgastada tras más de quince días de viajes y desvelos.
El 28 de julio empezó una nueva zozobra para Josefa Muñoz. Venir a Managua era un reto para ella, no conocía donde quedaba El Chipote y tampoco tenía familiares y amigos. Muñoz también temía que por no saber ni leer ni escribir le intentaran enredar con los papeles de sus hijos.
Madres se quedan sin trabajo y sin dinero
La madre de los jóvenes Arias Muñoz empezó una nueva rutina desde ese sábado, 28 de julio, tras conseguir dinero para trasladarse a Managua, ahora se despierta todos los días a las dos de la madrugada para cocinar los alimentos para sus hijos encarcelados.
“Me levanto todos los días a las dos de la mañana para cocinarles, aunque sea un arroz y unos frijoles o un cafecito con su gallopinto y pan”, detalló la mujer, con tono esperanzador. “Eso que yo les traigo es lo que yo los acostumbré a desayunar”, agregó Josefa.
Pero los retos en Managua para Josefa Muñoz apenas empezaban, ya que el ambiente en El Chipote, desde el pasado 21 de julio, había cambiado. Las madres que permanecían en la entrada principal de Auxilio Judicial habían sido obligadas a retirarse, tras la convocatoria gubernamental llamada “Caminata por la Justicia para las víctimas del terrorismo”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indicó, a través de un informe, del 02 de agosto, del Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), que pudo verificar “amenazas en contra de las familias de personas detenidas que se ubicaban en el portón de la entrada principal de “El Chipote”, mismas que fueron evacuadas y trasladadas hacia la Catedral de Managua”.
El presbítero Luis Herrera, rector de la Catedral Metropolitana, refirió que tras ser desalojadas las madres del sitio en el que permanecían frente a Auxilio Judicial, llegaron a la Catedral y “no tenían donde ir, entonces la Iglesia no puede ser indiferente con el que sufre y se le abrió las puertas”.
Fanáticos orteguistas atacan a madres que llegan a El Chipote
Sin embargo, la inseguridad de las madres no cesó con el traslado hacia la Catedral Metropolitana, ya que desde ese 21 de julio, cada vez que van a dejar comida a sus familiares, en el portón de El Chipote, los fanáticos del Frente Sandinista, que se tomaron el sitio, las acosan y amenazan.
“Esas personas (seguidores del orteguismo) no nos pueden ver porque nos ofenden. Una vez uno de esos hasta me amenazó con un cuchillo. Nos están amenazando y humillando, pero nadie me va a sacar de ahí hasta que me den a mis hijos, por eso viajo todos los días”, dice la mamá de los jóvenes Arias Muñoz.
La misma CIDH pudo registrar este tipo de agresiones a las que ahora están expuestas las madres que demandan libertad para sus hijos. El informe del Meseni especifica que “después de la marcha convocada (por el Gobierno), las instalaciones de El Chipote permanecen custodiadas por grupos progubernamentales que estarían intimidando a las familias que llegan al lugar para conocer la situación jurídica y estado de salud de sus familiares”.
Pero las madres no solo se enfrentan a las amenazas y vociferaciones, sino que al estar frente a las autoridades de la Policía en Auxilio Judicial no se les informa de la situación física y legal de sus hijos. “No nos dan información para nada. Desde que me los encerraron no les he visto la cara, no sé si ya comieron, no sé si me los golpearon, no sé como están, no sé si están pálidos”, lamentó Josefa Muñoz, madre de los detenidos.
Madres #nicaragüenses continúan demandando la libertad de sus hijos. La madre de Francisco Jiménez, de 20 años, denuncia la detención ilegal de su hijo mientras se encontraba en un parque de Managua, tras haber participado de las protestas sociales en #Nicaragua . @Articulo66Nica pic.twitter.com/3Y04PVvhOL
— Artículo 66 (@Articulo66Nica) 3 de agosto de 2018
Para el abogado Giovanny Silva todas estas violaciones a los derechos humanos de los reos y familiares son parte de “las violaciones por completo que se dan al Estado de derecho desde todo un engranaje en las instituciones del Estado, refiérase; Ministerio Público, Juzgado y Policía (…) Te ocultan todo para mientras ellos terminan de armar el paquete y lo más común del día acusarte de terrorismo”.
Nicaragüenses se encuentran en “estado de indefensión”
Las arbitrariedades legales más comunes que se han registrado con la detenciones masivas realizadas en los últimos tres meses de protestas sociales son: paramilitares ejecutando detenciones, no se le comunica a los familiares del estado de detención de sus familiares, ciudadanos que permanecen detenidos más de 48 horas sin ser acusados ante un juez, no se asigna defensa a los detenidos, no aparecen las acusaciones en el Sistema usado por abogados para informarse de las causas, casos son nominados a jueces que: no están en el país, no tienen la misma residencia o que no quieren asumir el papel de juez ejecutor, no se deja entrar a las audiencias a medios independientes, no se le permite a los familiares entrevistarse con sus familiares o abogados, detalló el exfiscal Julio Montenegro.
Las esperanzas de justicia en casos de detenciones ilegales en Nicaragua son nulas, tanto para abogados defensores de derechos humanos como para los familiares que demandan la libertad de sus hijos, esposos o hermanos. El abogado Montenegro afirma que la única “defensa o esperanza que el ciudadano tiene de que se va a resolver su caso” es que, además del intento de tener acceso a un buen abogado que sí los defienda, se denuncie constantemente las arbitrariedades en los procesos ante medios de comunicación, organismos nacionales e internacionales, para generar una presión internacional.
Los familiares, por su parte, ponen sus esperanzas en la religión que profesan. Josefa Muñoz teniendo a dos de sus hijos apresados en El Chipote solo se aferra a la justicia divina, pues asegura que espera que “el Señor le toque el corazón a esta gente (régimen de Daniel Ortega) para que nos entreguen a nuestros hijos”.
El clamor de Muñoz y el de las madres de los más de 1 250 detenidos en todo el país, por ejercer su derecho a protestar, es que “liberen a mis hijos porque ellos son inocentes”. La madre de los hermanos Arias Muñoz sostiene que “no se va a rendir hasta que le entreguen a sus hijos”.
