[vc_row][vc_column][vc_column_text]La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) interpuso formal denuncia en la Fiscalía General de la República de Nicaragua contra el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo por el delito de asesinatos y ejecuciones sumarias contra jóvenes y ciudadanos que ejercían su derecho a la libre movilización.
La ANPDH extendió en su denuncia una lista de los más de 30 asesinados en las fechas del 19 al 22 de abril, de los cuales tienen registros gracias a las denuncias de los familiares, de reportes de los defensores de derechos humanos, sociedad civil y medios de comunicación.
Los representantes de la ANPDH aseguraron, mientras interponían la denuncia, que “no puede haber paz, no puede haber diálogo, si no se investiga, si no se condena a los responsables de estos asesinatos”. Esto ante el diálogo propuesto por el Gobierno de Daniel Ortega que se ha limitado a lamentar las muertes y honrar los caídos de la Policía Nacional, sin mencionar las investigaciones que deben impulsar para procesar a los asesinos.
El promotor de derechos humanos Álvaro Leiva explicó que la denuncia se extiende a los altos mandos de la Policía Nacional y órganos de inteligencia, a los cuales se les señala de estar reprimiendo, persiguiendo y matando a la sociedad nicaragüense.
Los dirigentes de la Policía Nacional contra los que fue interpuesta la denuncia de la ANPDH son: Aminta Granera, Francisco Díaz, Sergio Gutiérrez, Juan Valle Valle, Noel Cruz, Bladimir Cerda, Donald López, Félix Villareal, Norman Castillo y Marlon Sevilla, por la responsabilidad que tiene al dirigir las ordenes a los agentes de la policía.
La ANPDH anunció que saben que “hay más asesinatos, sabemos que hay más víctimas, sabemos que hay más lesionados, sin embargo, queda abierto conforme vamos recabando información y el trabajo que estamos realizando como organismo de derechos humanos”.
La denuncia ante la Fiscalía solicita un tramite de urgencia a la investigación contra los acusados por ser un delito de acción pública a fin de que el Estado haga justicia por la sangre derramada.
Informe preliminar de la ANPD
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