[vc_row][vc_column][vc_column_text]La dirigencia del Frente Amplio por la Democracia (FAD) presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua un recurso por inconstitucionalidad a la Ley Electoral”. El pasado 7 de febrero de 2018, los diputados sandinistas de la Asamblea Nacional aprobaron una reforma al artículo 14 de la la Ley Electoral con el cual redujeron las funciones al presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, dejando en manos del vicepresidente, Lumberto Campbell, las atribuciones legales y administrativas.
A pesar de restar funciones a Rivas, señalado por corrupción y violador de derechos humanos por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos e incluido en la lista de la Ley Magnistky, el Gobierno de Nicaragua le mantiene su inmunidad y su salario.
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En el recurso entregado al oficial mayor de la CSJ, Gerald René Areas Lacayo, el FAD acusa de responsables al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y al presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, por “permitir y avalar” procesos contrarios a la Constitución Política.
El FAD también calificó la reforma a la Ley Electoral de “ilegal y arbitraria” por el incumplimiento de los artículos 192 y 195 de la Constitución Política que estipulan que los trámites de iniciativa de reforma parcial deberán ser enviados a una comisión especial para que dictamine un plazo no mayor de sesenta días y que toda reforma constitucional se debe realizar de acuerdo a un “trámite de iniciativa de reforma parcial”.
Una reforma “hedionda”
Para la dirigencia del Frente Amplio, el Gobierno de Nicaragua lo único que buscaba era proteger al presidente del CSE, Roberto Rivas. La coordinadora nacional del FAD, Violeta Granera, detalló que en la reforma electoral “no se respetaron los procedimientos, ni de la Constitución, ni el reglamento interno de la Asamblea para hacer esta reforma a una ley que tiene rango de constitucional. La hemos declarado como hedionda (…) que tiene el objetivo de apañar actos de corrupción (…) La reforma del artículo 14 solo perseguía quitarle las funciones a Roberto Rivas acusado a nivel internacional como un gran violador de los derechos humanos”.
La abogada constitucionalista Azahálea Solís, quien además es miembro del FAD, señaló que el Estado de Nicaragua “se ha convertido en un Estado delincuente porque hace reformas a la Constitución y las leyes para proteger delitos y eso (la reforma a la Ley Electoral) no solamente es inconstitucional, sino que también es una demostración de que a Nicaragua no le importa romper las leyes para proteger delincuentes”.
Aunque los representantes del FAD dudan de que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia actúen frente al recurso interpuesto contra la reforma a la Ley Electoral, albergan las esperanzas de que en un futuro este documento sea un precedente de las acciones ilegales que el Estado de Nicaragua realiza para proteger a “funcionarios corruptos”.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
