CPDH ha recibido cerca de dos mil denuncias de violaciones a los DD. HH. en Nicaragua en 2021

La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) en su informe anual recibió 1,945 denuncias de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua durante el 2021, siendo en su mayoría amenazas, acoso, asedio y detenciones ilegales. En el documento destacan el encarcelamiento a la abogada defensora de derechos humanos María Oviedo.

Según el informe, la represión aumentó en comparación al 2020, pues en el contexto electoral el régimen de Daniel Ortega se dedicó a encarcelar opositores y precandidatos presidenciales, perseguir instituciones, acosar a medios independientes y a atacar a quienes se oponen a su gobierno.

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Las amenazas, el acoso y el asedio encabezan la lista con 1,269 reportes seguido de las detenciones ilegales, que se contabilizan 240 víctimas de encarcelamientos. Entre los principales actores se encuentran la Policía Nacional y los simpatizantes del régimen acusados de violación a los derechos humanos.

Managua fue el centro de la represión ocupando la lista roja con el 47 % de denuncias registradas de las cuales 1,732 se encuentran en proceso; afirma la CPDH. Adultos y jóvenes fueron los principales focos de represión, quienes tienen el porcentaje más alto en la tabla de violaciones a los derechos humanos.

Denuncian los procesos «ilegales y arbitrarios» que el régimen infunde a los detenidos, la organización defensora de derechos humanos contabiliza un total de 40 procesos de los cuales la mayoría son acusados por tráfico de estupefacientes y otros acusados de conspiración en contra de Nicaragua. Violándoles sus derechos a básicos, indica el informe.

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La organización hace énfasis en la detención de la abogada María Oviedo como una forma de «criminalización a nuestro trabajo». La Corte Interamericana de Derechos Humanos había catalogado la detención de la defensora como «la muestra más extrema de este proceso de hostigamiento y persecución dirigido en contra de ella en particular, y de las personas defensoras de derechos humanos en Nicaragua en general».

La activista fue detenida por cargos de «conspiración para acometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas a través de la tecnología de la información y la comunicación”, luego de que brindara su opinión a medios de comunicación sobre dos polémicas leyes aprobadas recientemente en Nicaragua sobre ciberdelitos y sobre regulación de agentes extranjeros».