El régimen de Daniel Ortega presenta «decadencia» en la lucha contra el lavado de activos en Nicaragua. Según expertos, la misma administración ha creado leyes para «cercenar los derechos a la libertad de asociación y justificar su combo de leyes represivas».
En el foro «La lucha de las organizaciones de la sociedad civil contra el lavado de dinero: Los casos de Costa Rica y Nicaragua», promovido por la Fundación para la Paz y la Democracia (Funpadem); participó el presidente de la Fundación del Río, Amaru Ruiz, quien afirmó que Ortega utiliza que «las leyes represivas creadas por Ortega ejercen restricción, control y vigilancia para el ejercicio de las organizaciones sin fines de lucro en el país principalmente en el contexto de violación a los derechos humanos que vive el país».
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Pese al retroceso en materia legal, Nicaragua está mejor calificada en materia de prevención al lavado de dinero que Costa Rica en una valoración anual que se realiza a los países de América Latina por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
«Resulta sorprendente por las realidades que viven o sufren buena parte de las organizaciones sin fines de lucro en Nicaragua ante los abusos en la aplicación de estas normas. Da la impresión de que el Gafilat en algunos casos realiza las evaluaciones sin ver realmente cómo se ponen en práctica estas leyes en cada país», dijo el economista Enrique Sáenz, otro de los panelistas que participó en el evento.
Organizaciones de la sociedad civil denunciaron que en Nicaragua es difícil sobrevivir debido al contexto de persecución política en contra de opositores. El régimen ha cancelado la personalidad jurídica de aproximadamente 40 organizaciones que en su mayoría promueven los derechos de la mujer y las comunidades indígenas del país brindando ayuda, acompañamiento y empoderando a estos sectores de la población.
El lavado de activos es un delito que se encuentra, a su vez, asociado a otros delitos y se trata de un proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos de actividades ilegales y criminales. Las fuentes de muchos acusados son agencias de cooperación internacional acreditadas en su mayoría a países de alto riesgo, que mantienen relaciones de cooperación con ONG y progubernamentales.
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Sáenz criticó la «Ley de agentes extranjeros» que según él «se extiende por América Latina como el COVID» y lo único que hace es «fomentar el autoritarismo de los gobiernos en la región». El analista político aseguró que este problema podría ir agravándose, «por lo que se impone como un desafío».
Para el activista Amaru Ruiz, las normativas que rigen a las ONG deberían ser discutidas con las mismas dentro de cada país, pues no incluirlas en estas decisiones es «ignorar la participación de estas en los distintos espacios de la sociedad y las preocupaciones de estas principalmente en los países de Centroamérica» en los que la mayoría de organizaciones brindan ayuda humanitaria.
Los expertos coinciden en que para que exista un adecuado y eficaz combate se requiere que cada uno de los países establezca políticas claras para cada uno de estos grupos con intereses económicos, políticos o de otra naturaleza, pero a su vez respetando las preocupaciones de las organizaciones sin fines de lucro que demuestran transparencia.